La Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Contraloría General del Estado firmaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción, que pretende convertirse en una herramienta que agrupa a entidades clave para hacerle frente a la problemática.
Según consta en el documento, en las últimas semanas se difundieron hechos reñidos con la ética que pueden derivar en posibles actos de corrupción, por lo que los representantes de las instituciones que suscriben el convenio, creen que es deber primordial de las instituciones del Estado combatirla frontalmente. Con ello se busca establecer los procedimientos adecuados que eliminen estas prácticas.
Existe voluntad política
Elizabeth Cabezas hizo un recorrido por la información generada acerca de los supuestos cobros indebidos y aseguró que se trata de una preocupación que llevó a la Asamblea a aprobar dos resoluciones con lo que queda claro que existe la voluntad política de sanear esta situación. “Nuestra decisión es tomar al toro por los cuernos y generar un mecanismo que marque prioridades en el trabajo que se debe realizar. Las entidades de control tienen la disposición de transparentar estos hechos e investigarlos a la brevedad posible”.
También se refirió a acciones paralelas como las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para establecer mecanismos legales y evitar que a futuro se suscite este tipo de hechos.
El Fiscal informó que existen cuatro denuncias presentadas en la Fiscalía y dijo que se realizan todas las diligencias, como la recepción de testimonios. “Este documento facilita el acceso a la información y permite realizar un trabajo coordinado entre instituciones”, aseguró.
Puntos del acuerdo
En primera instancia se establecerá un plan para ejecutar acciones inmediatas, preventivas y correctivas para esclarecer los hechos. Se construirán mecanismos para facilitar la cooperación mutua. Priorizarán la entrega de información así como la tramitación de los casos relacionados con actos irregulares.
Además, contribuirán en las propuestas de reformas legales para agilitar la atención y resolución de estos casos. Se informará de forma constante sobre los avances que se registren y también coordinarán la aplicación de las dos resoluciones aprobadas en la Asamblea Nacional.
Las partes designarán un delegado que participará en las reuniones periódicas interinstitucionales que permitan establecer el avance de los casos relacionados con presuntos actos de corrupción. El tiempo de vigencia del convenio es de un año.
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MC/pv
