El procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, en la Comisión de Fiscalización reiteró que la entidad ejercerá vigorosamente las acciones que permite el Derecho Internacional para dejar sin efecto el laudo arbitral en el caso Chevron.
Dijo que, por ley, está prohibido prometer que tendrá éxito en una contienda jurídica, sin embargo, harán los mejores esfuerzos de la Procuraduría para posicionar en las instancias internacionales la tesis del Estado ecuatoriano en contra del laudo emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
El abogado del Estado justificó sus declaraciones en Teleamazonas, el 7 de agosto de 2018, cuando dijo que había pocas probabilidades de obtener un resultado arbitral favorable al Ecuador. “No lo dije como una actitud derrotista, lo hice para que la ciudadanía sepa lo que podría venir y lo dije con conocimiento, porque he sido profesor de Derecho Internacional por más de 20 años y porque conozco muy bien los procedimientos arbitrales”, añadió.
Insistió en que las únicas vías que le quedan a Ecuador son, en el propio ámbito arbitral solicitar la interpretación del laudo, para que el Tribunal aclare algunos pasajes o capítulos que no están suficientemente claros; y, la demanda de nulidad ante los tribunales de derecho civil de los Países Bajos, por incompetencia del Tribunal Arbitral de La Haya para conocer y resolver este caso.
De otra parte, explicó que en su comparecencia pasada lo único que hizo fue explicar el contenido del laudo arbitral, así como sus posibles efectos, por consiguiente, jamás se ha afirmado por parte del Procurador que hubo denegación de justicia para Chevron, eso es lo que consta en el documento del Tribual Arbitral, tampoco son palabras del Procurador que la sentencia emitida en 2011 por el Presidente de la Corte se Sucumbíos se dictó con base en acciones de presunta corrupción, esas son afirmaciones del laudo, enfatizó.
Sobre el tiempo que tomaría el análisis de la demanda de nulidad, Salvador puso como ejemplo un primer laudo anterior, cuya nulidad se propuso en 2012 y que hasta hoy, seis años más tarde, todavía no existe pronunciamiento definitivo, “hemos pasado la primera y segunda instancia, estamos a la espera de la resolución de la Corte de casación”. Por consiguiente, una vez que presentemos la nueva demanda, habría que esperar al menos seis años para que se obtenga respuesta, concluyó.
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