En la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Rubén Flores, exministro de Agricultura, la asambleísta interpelante Verónica Guevara, sustentó sus afirmaciones sobre el incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley. El exministro Flores no estableció una adecuada política de comercialización para el sector agrícola, subrayó.
Durante su intervención, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, la legisladora explicó cada una de las acciones a través de las cuales el exministro habría incumplido la Constitución, las leyes de Seguridad Agropecuaria, de Soberanía Alimentaria, de Tierras Rurales y de Agrobiodiversidad, entre otras, lo cual generó un descontento en los gremios del sector agropecuario.
Aseguró que con los acuerdos ministeriales por los cuales establecía los precios mínimos de sustentación del maíz y del arroz, con un piso de 32,30 y un techo de 35,50 dolares, para la saca de arroz, perjudicó los intereses de los pequeños agricultores, por cuanto dichos precios no permitían recuperar ni los costos de producción, con las consecuentes pérdidas para el sector.
Verónica Guevara recordó que el malestar no estuvo solo en los sectores maicero y arrocero, sino también en los productores de papas y de leche, de las distintas zonas del país.
Así mismo, refirió que uno de esos incumplimientos está relacionado con la falta del Reglamento para la aplicación de la Ley de Agrobiodiversidad, pues si bien la facultad reglamentaria corresponde al Presidente de la República, al ministro del sector le compete presentar al Primer Mandatario el proyecto respectivo, que desde antes de su gestión como ministro, y hasta el final de su ejercicio, no presentó dicho documento.
Un hecho aparte, dijo la asambleísta, fue la transgresión de normas expresas en el compromiso suscrito con el sector lechero, específicamente de las provincias de Azuay y Cañar, para desarrollar acciones orientadas a corregir los problemas de bajos costos de este producto. Sin embargo, cuando se pidió la entrega de este documento, debidamente certificado, el exministro responde que ese documento no consta en los archivos documentales, lo cual es contrario a lo dispuesto en la ley.
Aseveró que en ese documento, entre otros compromisos, se suspendía el areteo de ganado, lo cual significaba actuar contra de norma empresa y ponía en riesgo el estatus de Ecuador como país libre de fiebre aftosa.
Pruebas de oficio
Por solicitud del asambleísta Ramón Terán, la Comisión resolvió oficiar a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA-EP, certifique la compra de arroz, soya y maíz, entre octubre 2017 y agosto 2018; remita copia certificada con la empresa Ledesma y Ledesma y un detalle exacto de las transacciones efectuadas; al Servicio Nacional de Aduana un detalle de las importaciones de cada mes de arroz, soya y maíz, en el mismo período; y, copia certificada del compromiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería con los productores de leche de Azuay y Cañar.
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