Con el voto unánime de los 113 asambleístas presentes, la Asamblea dispuso convocar al Pleno, para el próximo jueves, 25 de octubre, a las autoridades de los sectores de justicia y seguridad, con el propósito de que expliquen todas las acciones u omisiones que, dentro de sus competencias, han realizado en el caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado.
Se trata de Paúl Pérez Reina, fiscal General del Estado; María Paula Romo, ministra del Interior; Paúl Granda, ministro encargado de Justicia; Andrés Michelena, secretario de Comunicación; Rosana Alvarado, exministra de Justicia; Nelson Villegas, comandante General de la Policía Nacional; Rubén Robayo, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU911; y, Jorge Costa, director del Centro de Control de Inteligencia Estratégica.
También deberá comparecer Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, para que informe, de manera documentada, sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica, así como respecto de su efectividad.
La propuesta fue planteada por la asambleísta María José Carrión, quien recordó que Fernando Alvarado está vinculado en alrededor de 11 informes de Contraloría, por los cuales tiene que responder. ¿Qué pasa con el sistema de los grilletes?, ¿qué pasa con el sistema de control?, ¿hasta qué punto podemos garantizar la eficacia de estas medidas sustitutivas?, preguntó.
Criticó las opiniones en el sentido que Fernando Alvarado sería un perseguido político, quien salió del país para buscar asilo en el extranjero. “Aquí hay once investigaciones y lo correcto era que se quede y responda ante las autoridades, no hablar de una supuesta persecución política”, insistió.
La resolución expresa, además, la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante el hecho público en el que, el ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, ha burlado la seguridades del dispositivo de vigilancia electrónico que le fuera colocado como medida alternativa a la prisión preventiva dentro del proceso por presunto delito de peculado que se investiga en su contra.
La Comisión de Fiscalización y Control Político realizará la investigación y revisará la comparecencia, a fin de determinar las inobservancias en el proceso de adquisición de los dispositivos electrónicos, así como respecto de las personas a quienes se les haya dispuesto esta medida cautelar y a las empresas prestadoras del servicio.
En la comparecencia, cada bancada podrá presentar -por escrito- una pregunta ante la Secretaría General, indicando a qué funcionario va dirigida.
Debate
En el debate hubo 13 intervenciones, entre las cuales se condenó una presunta ineficiencia de algunas instancias del Gobierno sobre la propuesta de una cirugía mayor a la corrupción. También propusieron suspender la aplicación del grillete como medida sustitutiva a la prisión de los investigados por la justicia.
Otras opiniones se enfocaron hacia el deficiente control de los dispositivos de seguridad por funcionarios que, a sabiendas que cerca de un mil de estos brazaletes se encuentran en mal estado, y las fallas en la cobertura del servicio de la plataforma de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, a cargo de la operación de este sistema, no tomaron las medidas pertinentes.
Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, defendió su actuación en este caso y dijo que cada institución, al igual que cada funcionario, es responsable de sus actos. “Hoy tenemos que ser ecuatorianos y representar a todos esos ciudadanos que nos dieron el voto en las urnas y que definitivamente esperan que actuemos y con acciones concretas hacemos lo que no se hizo antes”, enfatizó.
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