Con el apoyo de los cinco asambleístas del Azuay, la Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales (ALSAS), que trabaja por la protección de las víctimas sexuales, avanza en la formulación de un proyecto de ley que proteja a las víctimas de ataques sexuales y sancione a los agresores y pederastas.
Jorge P., víctima que denunció su caso, en 2010, quien fuera víctima del exsacerdote César Cordero Moscoso, dijo que defienden los derechos humanos y la justicia, pues buscan erradicar este tipo de delitos.
Para ello, Jorge planteó se aplique el anexo 4 de la consulta popular aprobada el 4 de febrero de asado, relacionada con la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.
La organización ALSAS, con el apoyo de los parlamentarios azuayos Doris Soliz; Juan Cristóbal Lloret; Esteban Bernal; Esteban Albornoz y Lourdes Cuesta, y el respaldo de la sociedad azuaya, tuvo un protagonismo fundamental en la expulsión del sacerdote César Cordero Moscoso, acusado de pederastia y pedofilia por varias de sus presuntas víctimas.
Cordero Moscoso, quien fuera promotor de la educación en Cuenca, habría abusado y violado al menos a seis hombres, cuando eran niños y adolescentes. Las denuncias en su contra, no solo han empezado a dar un sentido de justicia a las víctimas, sino que han puesto de manifiesto la protesta pública en contra de la impunidad de estos delitos.
Para Karina Montesdeoca, abogada de esta organización, es fundamental que este marco legal proteja a posibles víctimas y que estos hechos no se repitan. Para ello, han presentado observaciones a la Comisión de Justicia, han planteado reformas al Código Orgánico Integral Penal para que se apliquen sanciones efectivas a los acosadores, abusadores y violadores. Han participado en la Comisión Ocasional Aampetra, con propuestas para que estos delitos nunca prescriban. También plantearon que en los casos de abuso y violación exista una reparación, tanto en lo social psicológico, cuanto en lo financiero.
Sanciones a violadores
Cabe recordar que, el pasado 3 de octubre, la asambleísta Lourdes Cuesta presentó un proyecto de ley para sancionar a los violadores de niños y niñas. El proyecto plantea que toda persona que haya sido condenada y sentenciada por haber agredido sexualmente a un niño, niña y adolescente constará en el Registro Nacional de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales.
La legisladora enfatizó que los responsables de delitos de violación, acoso, pornografía infantil, trata de niños pasarán a formar parte de este registro y serán inhabilitados de por vida para volver a trabajar con menores, para prevenir y proteger a los grupos de atención prioritaria.
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