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Asamblea Nacional aprobó Ley de Creación de la Universidad del Río

Martes, 20 de noviembre del 2018 - 16:11 Imprimir

 

Quito, 20 de noviembre de 2018

 

Asamblea Nacional aprobó Ley de Creación de la Universidad del Río

La Ley de Creación de la Universidad del Río (UDR) fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. A través de este proyecto de ley se concreta la primera institución de educación superior  que se creará al amparo de la nueva LOES y cuando ya no está en vigencia la moratoria y prohibición para crear nuevas instituciones de educación superior.

El proyecto tiene una trayectoria anterior de más de veinte años como Universidad Técnica Federico Santa María y será esta experiencia que contribuirá a garantizar su nueva misión institucional ahora respaldada académicamente por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de la Republica de Chile y por la Fundación Nicasio Safari como instituciones promotoras de la Universidad del Río.

Esta institución responde a una demanda de estudiantes del régimen de la zona cinco y ocho del país correspondientes a las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos, con un aproximado de más de 162.009 aspirantes. La actual oferta académica que brindan las universidades de estas provincias apenas cuenta con 28 carreras de grado que se repiten en muchos de los casos. La UDR estaría en capacidad de ofertar carreras con una visión de emprendimiento e innovación en ingenierías: ambiental, industrial, software, gestión de transporte aéreo, negocios internacionales, Mercadotecnia, economía, etc.

 

Conforme el artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la UDR cuenta con los informes previos y obligatorios de factibilidad por parte de la Secretaría Nacional de Planificación, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (ex CEAACES) y el informe favorable del CES el cual es vinculante conforme el mandato legal precitado.

 

Esta iniciativa privada no utiliza recursos financieros del Estado, que por Constitución y la Ley les corresponde únicamente a las IES de carácter público y cofinanciadas. Esta institución tendrá la obligación de destinar programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10% del número de sus estudiantes regulares, debiendo entregarse las mismas considerando su condición económica, situación de vulnerabilidad, excelencia académica entre otros.

 

 



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