Según la Fundación Desafío, en Ecuador, cada año se registran alrededor de 2.700 casos de niñas, menores de 14 años, con embarazos. Eso significa que, en nuestro país, cada 4 horas una niña se convierte en víctima de violencia. Violencia al ser agredidas sexualmente, violencia al ser forzadas a llevar un embarazo que pone en riesgo su vida y violencia al ser obligadas a una maternidad para la cual no están listas: son niñas, no madres. Una situación que asusta aún más si reconocemos que en el 80% de este tipo de casos, el violador es un familiar.
Por esta triple violencia, el 40% de niñas abusadas no dan a conocer su caso a ninguna persona. DesY es que es tan grande el taboo que al 28% de las víctimas que contaron su historia, no les creyeron y al 16 % les pidieron explícitamente que no digan nada de lo ocurrido. El resultado: solo una tercera parte del total de niñas abusadas fueron atendidas pero sin conocer una solución definitiva.
Este hecho NO SOLO LAS REVICTIMIZA SINO QUE LAS EXPONEMOS A TODAS LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE UNA VIOLACIÓN a hijos con graves problemas genéticos.
Ya lo dijo aquí, el genetista Cesar Paz y Miño: (y cito textualmente) “en estos casos de violación, al forzar a niñas y mujeres a una maternidad, también las forzamos a responsabilizarse de niños con problemas malformativos y enfermedades genéticas. Estos embarazos no deseados vulneran su salud mental, física y emocional”.
En el caso de las niñas que son víctimas de parientes cercanos se duplica el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen graves malformaciones o enfermedades. Un riesgo que podría llegar hasta el 100% de los casos, según los estudios científicos.
Por esta y otras razones, el Relator Especial de Naciones Unidas contra la tortura, tratos crueles y degradantes en su informe presentado en 2016, reconoció que prohibir el aborto en casos de violación constituye tortura y malos tratos en contra de las mujeres.
TORTURA Y MALOS TRATOS para nuestras niñas:
Según el INEC de 2007 a 2017 hubo un incremento del 43% de casos de niñas obligadas al parto. Pasamos de 1.570 a 2.247 niñas obligadas a ser madres, en 10 años. Además, en los últimos tres años 13.969 mujeres fueron violadas; es decir, 11 violaciones por día.
Para llegar a conclusiones, considero importante que estos datos sean leídos en el contexto internacional: ahora el 60% de la población mundial vive en países en donde el aborto es permitido. La discusión sobre el aborto en caso de violación estaría rezagado únicamente en ciertos países de América Latina, África y Medio Oriente.
Entonces, este debate no es nuevo. Ya existe legislación al respecto. En México*, por ejemplo, se establece que cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de una violación se detendrá el embarazo hasta la semana 12, 2 semanas menos que en España y Uruguay, y al igual que en Colombia el requisito consiste únicamente en la copia de la denuncia por violación interpuesta ante autoridad competente. Bolivia, incluso, especifica en su código penal al aborto en casos de violación como “IMPUNE”.
El problema en el Ecuador es que el Estado no nos garantiza, a nosotras, las mujeres, una vida libre de violencia. Las víctimas de Femicidio aumentan día a día: los casos de Verónica Ocaña, de Martha o de Diana son ejemplos claros de que esto ocurre Y NO, NO SON “PARTE DE LAS ESTADÍSTICAS” COMO DE FORMA INDOLENTE LO QUISO HACER VER EL PROPIO JEFE DE ESTADO: QUE ES LA PRIMERA PERSONA LLAMADA Y OBLIGADA A DEFENDERNOS.
Desde 2014, cuando se tipificó el FEMICIDIO, se ha registrado más de 333 muertes, pasando de 22 muertes (en 2014) a 88 en 2018.
La impunidad es el mayor escollo: solo el 20% acude a la justicia, pero menos del 50% denuncia. De las que sí denuncian solo el 5% reciben sentencia y menos del 1% de las mujeres tienen una sentencia a su favor.
Por esta razón, presenté un proyecto de reforma que incorpora la Responsabilidad Estatal del Femicidio. Para que el servidor público que retarde, entorpezca maliciosamente, actúe con manifiesta negligencia u omisión, niegue el cumplimiento de sanciones, dejando en la indefensión a las víctimas de Femicidio, se le imponga una sanción de destitución, llegando hasta una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Y, en caso de comprobarse dolo, la pena sea de 3 a 5 años.
Además, la reforma propuesta incluye, dentro las circunstancias agravantes del femicidio, la sugerencia de considerar el máximo de 40 años, cuando el femicidio sea resultado de la reiterada manifestación de violencia de la víctima. Y es que somos conscientes que en el 100% de los casos, este tipo de muertes son el resultado de procesos reiterados de violencia.
Soy consciente de que la solución no solo está en endurecer las penas, en determinados casos, sino en acabar con los procesos de impunidad y –sobre todo- agilitar la protección de la víctima. Por ello, a continuación del segundo inciso del artículo 421 (que tiene que ver con la Denuncia) sugiero se incorpore que:
“En caso de delitos cometidos en contra de las mujeres, con la recepción de la denuncia, se dicte medidas de protección inmediatas, dentro de las 24 horas, y que la Policía escolte a las víctimas a su domicilio, asegurando la salida del agresor. En el caso de que su vida esté en inminente riesgo, sea trasladada al domicilio que ella, o, de no tenerlo, sea llevada a una Casa de Acogida.
Además, se colocará de inmediato el dispositivo de vigilancia electrónico al agresor, para garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes de violencia y se ordenará su rastreo bajo los sistemas de vigilancia que posea la Policía”.
Hoy, aquí, todos nuestros esfuerzos están centrados en evitar la tortura de niñas y mujeres; en bajar la tasa de mortalidad relacionada con abortos clandestinos que, según el Ministerio de Salud es del 15,6%; en reducir el número de femicidios; y, sobre todo, en acabar con un sistema impune que nos consume a todas ¡#NiUnaMenos!
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
