Para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 62, numeral 2, de la Constitución, que consagra el derecho a participar en los asuntos de interés público, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), expidió el instructivo para la implementación del mecanismo de participación ciudadana denominado “Asambleísta por un Día”.
Desde la expedición de esta normativa, en julio de 2017, la Legislatura da apertura a los ciudadanos para intervención en las sesiones de las comisiones permanentes y ocasionales, práctica que fortalece la democracia y desarrolla, de manera progresiva, los derechos de participación. Es más, los criterios y propuestas de la gente enriquecen los proyectos de ley.
Esta presencia cobrará mayor fuerza cuando se formalice el mecanismo de Asambleísta por un Día en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para ello, el proyecto de reformas pasó el primer debate en el Pleno, con amplio respaldo y sin observaciones de fondo.
Según el legislador Elio Peña, vocal de la mesa de Justicia, este cambio transcendental permitirá acercar a la ciudadanía con sus representantes parlamentarios, propiciando el contacto directo y permanente con sus mandantes. Sugirió que al Asambleísta por un Día se le proporcione oportunamente la agenda de trabajo y los documentos de soporte de los proyectos, para que llegue con suficientes elementos para aportar en la formulación de las leyes.
Declaratoria de interés nacional
Destacó también la importancia de la propuesta que la Asamblea Nacional realice un seguimiento permanente sobre la declaratoria de interés nacional la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas declaradas intangibles, al enfatizar que debe existir corresponsabilidad Ejecutivo – Legislativo.
Afirmó que en la Amazonía, particularmente en Morona Santiago y Zamora Chinchi- pe, en los últimos 10 años, se ha dado una indiscriminada concesión de los sectores de la minería a compañías transnacionales, que obtienen grandes fortunas con el traspaso de concesión de una empresa o otra. Además no hay claridad de las utilidades para el país, esto en desmedro de los pequeños mineros y mineros artesanales, advirtió.
Por último, habló de la reforma que establece la responsabilidad de la Unidad de Técnica Legislativa de revisar que los proyectos cumplan todos los requisitos: técnicos, legales, operativos, así como de impacto económico.
MG/
