Corría el año 1998 cuando 160 países, a través del Estatuto de Roma, decidieron establecer una Corte Penal Internacional para juzgar a quienes cometen los más atroces delitos, entre ellos el genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Ahora, a través de una Enmienda, se pretende incluir al crimen de agresión.
Este documento, que también lo suscribió Ecuador, se lo analiza en la Comisión de Relaciones Internacionales, a fin de elaborar un informe en el que se recomiende al Pleno de la Asamblea si nuestro país debe ratificarse en este instrumento o no.
Para escuchar nuevos criterios, el organismo invitó a Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia. La legisladora indicó que es indispensable que Ecuador ratifique las llamadas Enmiendas de Kampala, a fin de contribuir al fortalecimiento del juzgamiento de estos delitos para que no queden en la impunidad. Además, porque nuestro país, a nivel interno, ya ha avanzado en su legislación.
Recordó que en 2014, en el Código Penal se tipificó el delito de Agresión, con una pena de privación de libertad de 26 a 30 años, a quien ordene o participe activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia política de Ecuador.
Según la Enmienda del Estatuto, el delito de la agresión se entenderá como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
Prohibición de Armas Nucleares
Igualmente, con la presencia de Juan Hernández, de los programas de prevención del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión analizó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, firmado por Ecuador en septiembre de 2017.
Con este instrumento internacional, los países suscriptores buscan, no solo prohibir las armas nucleares, sino, además, prohibir que se las desarrolle, fabrique, compre, se las transfiera o que otros países las acojan, explicó Hernández.
El experto aseguró que existen otros acuerdos internacionales, como el Tratado para la No Proliferación de estas armas, pero que solo tienen un alcance regional. En cambio, el documento que analiza la Comisión tiene una magnitud internacional, que está alineado con los principios de los derechos humanos. El uso de estas armas afecta a las poblaciones, a la agricultura, a la salud y a los recursos naturales, enfatizó.
LILA/eg
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