La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social deberá convocar a las autoridades de las instituciones que intervienen en el proceso de levantamiento de información del registro social: Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para que informen los criterios de inclusión y exclusión de los beneficiarios de los bonos que entrega el Gobierno Nacional y su relación con los actuales indicadores de pobreza.
La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea con 107 votos afirmativos dispone, además, solicitar a las instituciones que intervienen en el proceso de levantamiento de información del registro social verificar si han existido o no irregularidades en las normas técnicas en la obtención del Bono de Desarrollo Humano.
También contempla que, en caso de comprobarse errores u omisiones al momento de aplicar el registro social, sean reintegradas a los beneficios o servicios que presta el MIES para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social comprobada y se sancione, conforme a la ley, a los funcionarios que hubieren transgredido la normativa.
Debate
El asambleísta Byron Suquilanda, ponente de la resolución, solicitó una investigación con el fin conocer porqué de manera coincidencial se retiró el Bono de Desarrollo Humano a varias personas durante la última campaña electoral.
De su parte, el legislador Rubén Bustamante hizo un llamado para que un tema de tal trascendencia no se convierta en show mediático. Destacó que la preocupación por el retiro del Bono de Desarrollo Humano debe ser canalizado de manera seria y responsable.
En su intervención, la asambleísta Doris Soliz pidió que, en la comparecencia, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, explique cómo se maneja actualmente el sistema del registro social y descartó que la exclusión del bono se dé por razones políticas. Así también, solicitó conocer datos actuales de pobreza y extrema pobreza en Ecuador. Por su parte, la asambleísta Ana Belén Marín indicó que la entrega de un bono no es un servicio político, sino un servicio social.
En el debate también participó el asambleísta Pabel Muñoz, quien indicó que no es posible que si aumentó la pobreza y extrema pobreza en el país, los beneficiarios del bono disminuyan. El legislador Luis Pachala dijo, que de acuerdo con información del MIES, en 2018, 20 mil personas fueron eliminadas del registro oficial. Según su criterio la ayuda económica sí se ha utilizado con fines electorales.
Además, intervinieron los asambleístas, Freddy Alarcón, Jeannine Cruz, Noralma Zambrano y Silvia Salgado.
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