A las cerca de 48 mil familias que desde 1970 han guardado toda la pena del mundo por una ausencia, a los que han exigido justicia y se han tenido que ir sin recibirla; a los cerca de 1500 casos en los que aún se sigue clamando para que los busquen, para que los encuentren; a los que esperan regresar con sus familias; y, –sobretodo- a los que esconden las respuestas, a los incompetentes que han entorpecido esta labor, a los inhumanos que por supuestamente “ahorrar” gastos redujeron las fiscalías especializadas, los agentes investigadores, los servidores públicos involucrados… queremos decirles esta mañana que finalmente estamos haciendo que las cosas cambien.
Luego de varios años de lucha, ya se encuentra para segundo debate del Código Orgánico Integral Penal la reforma que tipifica la desaparición involuntaria. Con ello, se acaban las excusas y finalmente se agilitan los procesos de búsqueda y sanción de los responsables.
Pero ese no es el único cambio en el que hemos trabajado los miembros de la Comisión de Desaparecidos: Hoy, después de 7 meses JUNTO a diferentes actores relacionados, presentamos un proyecto de Ley que articula las acciones de TODAS las instituciones involucradas y que entrega herramientas útiles tanto a las autoridades y como a la ciudadanía, para agilitar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. Nunca más casos como el de Camilo Tobar que estuvo 4 meses sin agente investigador.
Con este proyecto de Ley se garantiza a las personas desaparecidas o extraviadas los derechos a que: 1. el Estado adopte todas las medidas necesarias para la investigación, búsqueda y localización; 2. a ser buscados IMPERATIVAMENTE, sin excusas; 3. a que se desarrolle diligentemente la investigación con PERSONAL ESPECIALIZADO, con sujeción a la verdad y a la tutela judicial efectiva; 4. a no ser estigmatizados o revictimizados respecto de su vida privada y los hechos o conductas que motivaron su desaparición; 5. a recibir la atención psicológica y médica, después de ser encontrados; y, 6. contrario a los que pretendían ponerle fecha de caducidad a los derechos de las personas desaparecidas, que la búsqueda de una persona desaparecida o extraviada termine el día de su localización e identificación o cuando sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados, condiciones que deberán ser certificadas por la autoridad competente.
Legislamos para tener una verdadera justicia. Por esa razón, este proyecto de ley TAMBIÉN reconoce la existencia de víctimas indirectas a quienes se les garantiza el derecho a PARTICIPAR Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA O EXTRAVIADA; a ser informadas de manera oportuna y periódica acerca de las circunstancias de los hechos de la desaparición, de cualquier dato relevante y del paradero de la persona reportada; además, a conocer los presuntos responsables si existen elementos constitutivos de un delito; y –en especial- a no ser discriminadas ni estigmatizadas. No seremos cómplices de más sufrimiento de los familiares, nunca más tendrán que enfrentar en total desprotección esta lucha.
Colegas asambleístas, todos conocemos que uno de los problemas más visibles en el caso de las Personas Desaparecidos son las inconsistencias en las estadísticas emitidas por las diferentes instituciones involucradas, lo cual evidencia no solo la falta de rigurosidad en el tema sino el completo CAOS y DESORDEN en el que todas las instancias actúan. Un problema que ha provocado menos resultados y más trabas.
Por esa razón, proponemos la conformación de un SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EXTRAVIADAS Y DE RESPUESTA A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS, para que las instituciones actúen de manera coordinada para la construcción de planes, programas, proyectos, acciones y estrategias de prevención, investigación, búsqueda y localización. Esto permitirá –por primera vez- el uso adecuado y eficiente de recursos; la creación de protocolos claros; programas articulados de registro de personas que se encuentren en situación de abandono, sin identidad, ni referente familiar, en albergues o casas de acogida; y, en especial, la coordinación eficaz de las acciones que garanticen el acompañamiento, protección y atención a las víctimas indirectas, durante el procedimiento de localización de la persona desaparecida. Este sistema será integrado por 18 instituciones y coordinado por el Ministerio del Interior.
Con este proyecto de LEY todos los ecuatorianos tenemos el derecho de exigir a las autoridades que proporcionen información íntegra, exacta, completa en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Localizadas y a conocer un informe semestral individual sobre las actividades realizadas por el ente coordinador del Sistema.
Urge abordar este tema desde estas y varias aristas más. Solo así podremos detener otros problemas que ahondan los casos de las desapariciones. Algunos de ellos son: la Trata de personas, el tráfico de órganos, el Robo de personas, etc. Para ello, este proyecto de Ley crea el COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS que deberá Utilizar la información de personas localizadas para detectar los factores de reincidencia de la desaparición o extravío y generar propuestas de prevención, para mejorar las respuestas a las víctimas indirectas y orientar acciones, planes, programas, proyectos y estrategias.
Por todo lo expuesto, por respeto a la lucha de miles de familias, por el dolor que el Estado no puede calmar y por todas las personas desaparecidas y extraviadas les invito a todos los legisladores a apoyar este proyecto de Ley que es URGENTE para todos. Juntos, hagamos que las cosas cambien en nuestro país y sumémonos al clamor de quienes exigen verdad y justicia!!!...
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
