PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LABORES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA:
“Toda la administración, desde el último funcionario, hasta la cabeza y los órganos del Estado, tienen que ser transparentes”, enfatizó Julio César Trujillo, en su informe de labores ante el Pleno, como presidente de la Función de Transparencia y Control Social. A más de informar sobre su gestión, ratificó su compromiso de luchar contra la corrupción, recuperar la institucionalidad del país y el verdadero Estado democrático, con una justicia ecuánime y transparente, que trabaje por la igualdad y los derechos de todos sus mandantes.
De inmediato dio la palabra a Verónica Acosta, Secretaria Técnica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), quien subrayó que la institución recibió 255 % más denuncias en el 2018, respecto de 2017, hecho que refleja la confianza del pueblo ecuatoriano en el combate contra la corrupción. Recordó que la Asamblea designó y posesionó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el 28 de febrero de 2018.
Mencionó que esta entidad, por mandato del pueblo ecuatoriano, emitió normas que regulan el proceso de evaluación de autoridades. Por ello, analizaron a 28 autoridades de ocho instituciones del Estado: Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Bancos, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Compañías, Tribunal Contencioso Electoral y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, quienes fueron cesados en sus funciones.
Así mismo, designó a Margarita Hernández como Superintendenta de Economía Popular y Solidaria; Íñigo Salvador Crespo, procurador General del Estado; Danilo Silva Pazmiño, superintendente de Control de Poder de Mercado, así como a quienes integran el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura.
Julio César Trujillo, al retomar su intervención, aseguró que están en marcha procesos para la integración de la Corte Constitucional, en su fase final; del Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, representantes por los afiliados y jubilados al Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Por ternas remitidas del Ejecutivo, están en marcha los nombramientos de los superintendentes de Bancos, de Compañías y de Ordenamiento Territorial.
Informó que en la lucha contra la corrupción presentó ante la Fiscalía dos informes de casos de investigación y espera concluir con una veintena de casos, entre los que se destacan algunos emblemáticos como el de Mariano Nicanor Zambrano Segovia, prefecto de Manabí; la central hidroeléctrica Manduriacu y caso Caminosca.
Anticipó que el Consejo de Participación Ciudadana está analizando las reformas necesarias para prevenir y sancionar los actos de corrupción, que serán presentadas hasta el término de su período. Además, constituyó una comisión bipartita para que trabaje en el nuevo marco jurídico de la institución que reemplazará a la Contraloría General del Estado.
Marcelo Merlo Jaramillo.
En su rendición de cuentas ante el Pleno de la Asamblea, Marcelo Merlo Jaramillo, expresidente encargado del Consejo de la Judicatura, subrayó que desde los primeros días de su gestión impulsó una la política de diálogo y de articulación interinstitucional en aras de conocer sus preocupaciones para una correcta administración de justicia.
Su gestión se inició en junio de 2018, tras la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición.
Merlo explicó que debido a la complejidad que supone la institucionalidad en la administración de la justicia, en todo el país, se identificaron graves inobservancias en la gestión administrativa reveladas en la omisión de los sistemas de control interno que debían aplicarse. “Inobservancias y falencias que se acarriaron desde administraciones anteriores, enfatizó.
Sostuvo que han trabajado en una administración de justicia ágil, oportuna, transparente, imparcial e independiente. Destacó la gestión de la Mesa por la Verdad y Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más. Mencionó el acceso a la justicia y fortalecimiento de los servicios especializados dirigidos a víctimas de violaciones de derechos humanos. Asimismo, señaló que la entidad resolvió la conformación de mesas de justicia en género, niñez y adolescencia.
Eliminación del “Error inexcusable”
Eliminaron el “error inexcusable” para destituir a operadores de justicia. Dicha figura jurídica de acuerdo con el artículo 131 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial es de atribución exclusiva de los jueces de alzada.
Prevenir la violencia contra las mujeres
Puso en marcha el plan inicial de Unidades Especializadas en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil.
En agosto y diciembre se incrementaron 66 operadores de justicia especializada en esta materia, entre jueces secretarios, ayudantes judiciales y peritos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Se adecuaron las Unidades Judiciales de Portoviejo, Macas, Ventanas, Machala y Azogues.
Mejoras en el servicio judicial
El 26 de noviembre de 2018, en la provincia del Guayas efectuó el sorteo de jueces y secretarios ante la presencia de un notario público para la conformación de los grupos previo a la implementación del “Sistema de Agendamiento para el incremento de la productividad en audiencias en tribunales de garantías penales aplicable a nivel nacional”.
De igual forma, se implementó el Plan Piloto de Justicia Virtual en la provincia de Pastaza, a partir de octubre el que se expandirá a todas las provincias, esto permitirá que la judicatura virtual sea la mejor opción para la descarga de notificaciones emitidas por los jueces y sus anexos y los abogados a nivel nacional, y sin desplazarse puedan litigar a través de casilleros judiciales electrónicos.
Mejoró el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) que abarca a 693.805 madres y beneficia a 811.458 niños y adolescentes, con transferencias en este año de alrededor 600 millones de dólares.
Junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, presentaron la campaña “Gratuidad en los servicios notariales para las personas con discapacidad”, con el objetivo de que la ciudadanía conozca que todos los trámites notariales que realizan personas con discapacidad, entre el 30% y el 100 %, son gratuitos.
Optimización de recursos
La entidad ahorró 74.74 millones de dólares por concepto de relaciones públicas; eliminación del servicio de telefonía móvil y roaming; viáticos y pasajes; eliminación de asignación de vehículos para autoridades.
Ángel Benigno Torres.
El defensor público, Ángel Benigno Torres, acudió al Pleno de la Asamblea para presentar el Informe Anual de Labores, como lo contempla el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En su intervención, mencionó que la institución cuenta con 198 puntos de atención a escala nacional y 685 defensores públicos. Recalcó que los funcionarios prestan un servicio técnico y oportuno, con el objetivo de garantizar, de manera gratuita, los derechos de las personas.
Destacó que en 2018 la Defensoría Pública atendió más de 3 mil procedimientos de mediación, porque están interesados en apoyar la resolución de conflictos mediante el diálogo y así minimizar la afectación familiar.
Los defensores también tramitaron 129 mil solicitudes en materia penal, de esa cifra, 20 mil por violencia intrafamiliar. En ese aspecto fue enfático al rechazar todo acto de violencia y más aún si es contra niños, mujeres o adultos mayores.
Indicó que la institución gestionó 105 mil solicitudes en materia social y más de 80 mil relacionadas con paternidad y pensiones alimenticias.
Para brindar atención a los ciudadanos se habilitó 67 nuevos consultorios de asesoría gratuita y se logró 33 acuerdos interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas.
Situación interna
Al mismo tiempo, mencionó que existe un déficit de 180 defensores públicos. Dijo que la remuneración de los funcionarios no está homologada y hay inequidad salarial.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
