La construcción conjunta de normas entre los 13 legisladores de la Comisión del Desarrollo Económico, representantes de organizaciones sociales y de entidades públicas fue la estrategia que utilizó esta mesa legislativa para avanzar en su propósito de entregarle al país leyes efectivas que generen progreso y bienestar. En sus primeros 100 días de gestión entregó dos informes para primer debate, tres para segundo debate y tres de objeciones parciales.
Con su trabajo, tres normas ya están en vigencia: la Ley que derogó el Impuesto Verde y las reformas a la Ley de Energía Eléctrica para que las empresas eléctricas tengan la obligación de realizar el cobro de las tasas de recolección de basura. También rige las reformas a la Ley de Aviación Civil que busca mejorar los procesos de investigación de accidentes de aeronaves, fortaleciendo la independencia de la Junta Investigadora de Accidentes (JIA).
Con la eliminación del Impuesto Verde, la Comisión logró que este tributo se deje de cobrar desde el 2020, mientras que para las deudas pendientes propuso algunas alternativas: que se exonere los valores impagos desde el 2012 al 2014. En cambio, desde el 2015 liberó los intereses, multas y recargos de las deudas pendientes. Además, para ingresar al programa de chatarrización no habrá la obligación de cancelar previamente las obligaciones pendientes y la adquisición de vehículos eléctricos estarán exentos de aranceles.
Los informes para segundo debate, que están pendientes para conocimiento del Pleno, tienen que ver con otras reformas a la Ley de Energía Eléctrica, con la que se plantea que el alumbrado público se extienda a canchas cubiertas y escenarios deportivos públicos de las zonas rurales y no solo a vías públicas. Además, están las reformas a la Ley de Compañías, con las que se busca mejorar y dinamizar la actividad comercial.
En cambio, para primer debate la Comisión entregó el informe del proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación, a través del cual se plantean acciones para fomentar estas práticas, a través de fuentes de financiamiento, fondos colaborativos, promoción y acceso a nuevos mercados, educación y formación, institucionalidad y políticas públicas.
Pero, la Comisión no se detuvo únicamente en su rol legislativo. En fiscalización llamó a varias autoridades para analizar el alto costo de los pasajes aéreos y de las tarifas eléctricas, así como para verificar los avances en los procesos de reconstrucción y reactivación de Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto de abril de 2016.
La labor en los dos ámbitos la realizó en 18 sesiones, en las que recibieron en comisión general a 28 actores públicos y nueve privados. En territorio, realizó procesos de socialización mediante encuentros, seminarios, congresos, simposios y reuniones de trabajo.
La Comisión está dirigida por Esteban Albornoz, como presidente, y Homero Castanier, como vicepresidente. Está integrada, además, por Fernando Burbano, Rubén Bustamante, Elizabeth Cabezas, Fernando Callejas, Guillermo Celi, Carmen Rivadeneira, César Rohon, Doris Soliz, Mariano Zambrano, Eduardo Zambrano y María Mercedes Cuesta.
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