La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza, recibió a representantes de varios colectivos vinculados con la gestión del manglar, así como al ministro del Ambiente, Raúl Ledesma Huerta, con el propósito de conocer la situación que atraviesa este importante segmento productivo.
Luego de escuchar las denuncias y propuestas de las referidas organizaciones, el ministro Ledesma anunció que tomará acciones inmediatas sobre lo expuesto, para lo cual los invitó a la reunión de trabajo que mantendrá la próxima semana, para tratar la problemática con las comunidades afectadas por actividades que contaminan el ambiente.
Aseguró que existe un Plan Nacional para la Custodia del Manglar y el reto de su administración es ejecutarlo.
Explicó que convocarán a los titulares de los gobiernos autónomos descentralizados para que asuman su responsabilidad, sobre todo en materia de control, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley. “Nosotros hacemos lo que podemos con los pocos recursos que contamos, por ello, es necesario que los gobiernos locales cumplan con sus atribuciones en lo que atañe al control de las actividades que generan contaminación”, añadió.
Anticipó que se instalará un sistema de gestión de denuncias del manglar, a través de un aplicativo móvil, que permita delatar inmediatamente a través de un celular a quienes contaminen, con lo cual se mantendrá una comunicación directa, para evitar intermediarios.
Entre tanto, Geovanny Chalén, de la Red Regional de Organizaciones Custodias Ancestrales del Manglar, explicó que han denunciado la presencia de camaroneras que han ampliado su radio de acción en el Golfo de Guayaquil, sin embargo, la dirección provincial pone una denuncia contra la organización Agua Viva por la tala del manglar, cuando esto es responsabilidad de las camaroneras instaladas en la zona y no de los pescadores o de quienes se dedican a la captura de conchas y cangrejos, que son los verdaderos perjudicados.
De su lado, Freddy Vera, vocal del Gobierno Parroquial de San Pedro de Suma, subrayó que su parroquia afronta un grave problema de contaminación, lo cual perjudica las actividades productivas y, por supuesto, a la población. Propuso se establezca un programa de educación orientado a los niños y jóvenes para combatir los efectos de la contaminación ambiental y que, a la vez, se determinen sanciones y multas para quienes la provocan.
Mientras, Wilberto Valencia, de la comunidad La Chiquita de Esmeraldas, denunció la afectación ambiental provocada por la palmicultura, por la eliminación de desechos químicos hacia los ríos, lo cual genera muchas enfermedades. La comunidad, con el apoyo de una organización no gubernamental puso una demanda y logró un sentencia favorable, sin embargo, esta no se cumple, concluyó.
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