La ronda petrolera intracampos 1, que inició en mayo de 2019, permitió desarrollar siete contratos con diversas compañías en algunas provincias fronterizas, para exploración y explotación, con una inversión de 1.070 millones de dólares. Esto dinamizará la economía y brindará empleo a los habitantes de esos sectores, puesto que, por mandato legal, las empresas deben contar con el 70 % de mano de obra local.
Esta información la proporcionó Juan Bermeo, ministro subrogante del Ministerio de Energía No Renovable. Los funcionarios de esta entidad fueron convocados por el Grupo Parlamentario Fronterizo para que expliquen los avances en la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo.
La coordinadora del Grupo, Silvia Salgado, explicó que la norma establece consideraciones preferenciales para la zona de frontera por la vulnerabilidad que tiene. Por ello requerían saber sobre la política minera y los beneficios para el sector. Acotó, además, que hay apertura para actualizar la Ley, si es necesario.
Fabricio López, viceministro de Minería, explicó que en las provincias fronterizas norte, sur y amazónica se han otorgado 3.681 derechos mineros, prevaleciendo la mano de obra local. Entre esos derechos, indicó que se encuentran proyectos para minería metálica y no metálica, mientras que las relacionadas a explotación de materiales de construcción es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Se refirió, además, al catastro minero. Sostuvo que el mismo se cerró el 24 de enero de 2018, mientras que la depuración avanza en un 90 %. La depuración implica, según el funcionario, el cruce de datos entre el Ministerio y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en donde se verifica que las referencias y documentos coincidan.
Los legisladores requirieron información por escrito sobre los planes de contingencia para la zona de Buenos Aires (Imbabura), donde se cerraron minas ilegales; informes sobre la situación de la minería artesanal e ilegal, situación de la actividad en zonas urbanas, autorizaciones de funcionamientos, entre otros temas. También se refirieron a la necesidad de regularizar la actividad y que se enfatice en los beneficios para las poblaciones locales.
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