El Pleno de la Asamblea Nacional avanzó el primer debate del proyecto de reformas tributarias, que tienen el carácter de urgente, mismo en el que los parlamentarios dieron sus observaciones. Unos creen que se debe mejorar la propuesta del Ejecutivo para alcanzar el crecimiento económico del país, con reglas claras que velen por los intereses de los ciudadanos, por tanto, dijeron que deben existir grandes acuerdos para que el documento no pase por el Ministerio de la Ley.
Creen que el proyecto es ambicioso, modifica 22 cuerpos legales que deben generar certezas y seguridad jurídica para lograr la inversión que la nación requiere. Destacaron temas como la remisión de intereses, multas y recargos para ayudar a los becarios que tienen créditos tributarios; fortalecer la dolarización; desincentivar el uso del plástico, apoyar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, apoyar al sector bananero, al sector agropecuario, entre otros aspectos, pero no están de acuerdo con archivo del proyecto, como planteó un grupo minoritario de legisladores, sino tratarlo, debatirlo y mejorarlo.
Debate y propuestas
El legislador Franco Romero propuso que se mantenga el Impuesto a la Renta Único al productor del sector bananero con la tabla actual. Insistió en la eliminación total del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para que se den las inversiones que se esperan. Esto permitirá generar plazas de empleo y desarrollo que le falta al país, agregó.
Por su parte la asambleísta Ana Belén Marín fue categórica en señalar que el Parlamento no puede permitir que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Centró su intervención en tres aspectos: ingresos fiscales, estabilidad de la dolarización y reformas urgentes impostergables. Dijo que no procede incluir el Impuesto al Consumo Especial (ICE) a los planes pospagos de telefonía móvil.
Hermuy Calle señaló que el proyecto responde a la receta y el Acuerdo del Gobierno Central con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Precisó que con la normativa vigente los bancos tienen la obligación de invertir en el país al menos el 60 % de los ahorros de los ecuatorianos. No está de acuerdo con eliminar esta restricción. Enfatizó en la necesidad de control en las actividades bancarias y destacó las iniciativas con miras a resolver el déficit fiscal. Es lamentable que no se haya identificado el impacto de las medidas económicas y que estas se cuantifiquen cuando sean aplicadas, agregó.
Entre tanto, el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso manifestó que la propuesta del Ejecutivo contiene elementos positivos que ayudarán al Estado a enfrentar la crisis actual, pero hay otras disposiciones que necesariamente tienen que ser modificadas. Recordó que por varias ocasiones ha pedido la derogatoria del Anticipo al Impuesto a la Renta ya que varias empresas deben pagar aún sin tenerla. Enfatizó en que se debe derogar totalmente el ISD.
Tito Puarchir indicó que el mensaje del pueblo fue muy claro al pedir: menos impuestos, créditos a bajo interés, erradicación de la pobreza y seguridad jurídica. En este marco, propuso crear mesas de trabajo para elaborar un proyecto que beneficie al país. Mientras que el parlamentario Héctor Muñoz, subrayó que la manera de reactivar la economía no se da con más tributos, sino motivando a los emprendedores y al que cumple con las obligaciones tributarias. Sería irresponsable archivar el proyecto, sentenció.
En su turno, la legisladora Elizabeth Cabezas sostuvo que la autonomía del Banco Central debe darse sin infringir los marcos legales existentes en el país. A su criterio, la propuesta debe ser analizada por segmentos y revisar el impacto de las medidas con la generación de recursos que se prevé para la Pro forma 2020. Igual criterio tuvo la legisladora Ximena Peña quien cree que se debe separar lo económico urgente, de lo económico que debe tener mayor debate, por ejemplo, el Código Monetario y Financiero que contiene 196 propuestas que inciden en 277 reformas del cuerpo legal. El proyecto no debe entrar por el Ministerio de ley, ni tampoco ser archivado, añadió.
Por su parte, el legislador Vicente Almeida, explicó que se debe archivar el proyecto porque no están dirigido a dinamizar la economía del país, ni reducir la carga del Estado para bajar el endeudamiento público. Insistió que se debe establecer exenciones y beneficios para la creación de empresas con el fin de generar más competitividad, además que no se promueve el fomento a las inversiones nacionales y extranjeras con el aumento de capitales para que el país mejore su situación. La ley solo quiere recaudar más tributos, indicó. De su lado, Pabel Muñoz, mencionó que la Asamblea debe potenciar los temas positivos del proyecto y desechar los que pueden afectar a los sectores más vulnerables.
Cristina Reyes mencionó que la propuesta es recaudatoria y pretende meter la mano en el bolsillo de la gente. Para que haya una real redistribución de la riqueza hay que apostar al crecimiento económico y el camino es otro: racionalizar el gasto público, reducción de impuestos, establecer beneficios que permitan apoyar a las micro y pequeñas empresas; finalmente, reiteró la necesidad de fortalecer el control por parte de la Superintendencia de Bancos.
La asambleísta Jeannine Cruz dijo que es importante que en la normativa se establezca la remisión de intereses, multas y recargos para los becarios, pero, es inaceptable pagar Impuesto a Renta por indemnizaciones. En cambio, Washington Paredes indicó que el pueblo de Galápagos estará pendiente de los cambios a los permisos y patentes de operación turística en la Región Insular, mismos que deben sujetarse a las normas de la Constitución.
Para Pedro Curichumbi, el proyecto contiene más de 404 artículos; sin embargo, no están dirigidos a beneficiar a pueblos y nacionalidades. Pidió reformar cuatro artículos para potenciar a estos sectores. Entre tanto, Guillermo Celi, manifestó la necesidad de analizar minuciosamente el proyecto ya que existen temas positivos pero a la vez se pretende incorporar el pago del impuesto a los planes pospago a la telefonía celular, con lo cual dijo no estar de acuerdo. Manifestó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debe mantenerse en los Gobiernos Autónomos Descentralizados para potenciar su desarrollo; que 10 % de reducción del Impuesto a la Renta para la Sierra-Centro, afectada por movilizaciones sociales debe ser para todo el país.
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