En el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto reformatorio a la Ley de Discapacidades, la Comisión del Derecho a la Salud, recibió a Karina Marín Lara, experta en estudios críticos de la discapacidad y derechos humanos. La especialista consideró que la política de discapacidad en Ecuador debe salir de una visión médica y más bien ser sujeta de derechos. Se refirió a la relación mujeres-discapacidad que abarca a las cuidadoras que mantienen esta condición.
Junto a mujeres y madres de personas con discapacidad, Marín acotó cinco aspectos que valoró como centrales. Explicó que para garantizar el cumplimiento de los derechos que la Constitución y la Ley de Discapacidades han asumido, una persona debe ser primero identificada como sujeto con discapacidad mediante un documento emitido por el Ministerio de Salud Pública y luego, el largo proceso de evaluación médica y psicológica.
Sus recomendaciones asumen un enfoque amplio tomando las múltiples discriminaciones de las que son víctimas las personas con discapacidad en razón de su edad, condición, sexo y genérica, así como la situación de movilidad humana.
Según dijo, se evidencia a la persona con discapacidad como un problema de salud pública y no como un sujeto de derecho al tiempo de reiterar que ya no es posible considerar en términos médicos el asunto de la discapacidad.
Enfatizó que la sexualidad de las personas con discapacidad no pueden estar delimitadas solamente por una concepción médica de la sexualidad. En ese sentido dijo que la Ley debe ser más explícita en lo que se refiere a la prevención de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños con discapacidad además de cómo estos casos son manejados desde el sistema penal, al aseverar que los índices de violencia sexual en nuestro país son alarmantes.
Sostuvo que algo que nunca se dice es que se trata de un tipo de agresión perpetuada de manera muy específica en contra de los cuerpos de mujeres, de niñas y niños con discapacidad
Sistema de resolución de conflicto
En su segunda sesión vespertina, el Pleno de la Comisión recibió a varios actores para que presenten sus aportes y observaciones a los proyectos de Ley Reformatorios a la Ley del Deporte; Educación Física y Recreación. José Antonio Fabara, experto en en materia deportiva, subrayó que el deporte es una de las disciplinas que más rápido avanza, por tanto, consideró extremadamente necesarias las reformas que contengan principios, especialmente, por los fallos y jurisprudencias que se vayan suscitando en materia deportiva.
Planteó considerar los métodos alternativos de solución de conflictos en el deporte, relaciones laborales en el deporte, naturaleza jurídica de los organismos deportivos, además, la existencia de árbitros, mediadores de arbitrajes y un sistema de resolución de conflictos.
Pensiones vitalicias
Por su lado, Cristian Sánchez, vicepresidente de la Corporación Glorias del Deporte Ecuatoriano (Glodec), acompañado de un grupo de deportistas de alto rendimiento planteó que todos los deportistas que actualmente reciben pensiones vitalicias del Estado por su destacada participación deportiva en representación del país, continúen recibiendo ese beneficio, el mismo que será homologado de acuerdo a la clasificación de las pensiones que consta en esta normativa.
Planteó que se les pagará, conforme a los salarios básicos unificados del trabajador en general, vigentes cada año como disponga el Estado. Argumentó que se debe garantizar la vida digna a quienes, por dedicar sus esfuerzos a construir la representación del país y lograr dejar en lo alto su nombre en las justas internacionales, no han logrado consolidar los recursos económicos suficientes para garantizarse unas condiciones durante su ancianidad, es una medida ampliamente legítima y concordante con los fines de del Estado Social de Derecho, agregó.
Consideró que el deporte debe verse de forma integral y que se enfatice en el beneficio del deportista, al argumentar que el deporte de alto rendimiento no es salud, sino agresivo y de alto riesgo.
La Comisión analizará las propuestas planteadas en una matriz, a fin de ser consideradas dentro de los respectivos informes.
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