Un libro con estadísticas actualizadas y unificadas sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas en Ecuador, que se lanzará en febrero de 2020, es el reto que tiene el Grupo Parlamentario que trabaja para la prevención y tratamiento de este tema y que está coordinado por María Mercedes Cuesta. En cambio, durante este año ha trabajado en reformas legales, fiscalización, talleres y encuentros internacionales.
En enero de este año se realizó una mesa de trabajo con el presidente de la República, Lenín Moreno; la ministra del Interior, María Paula Romo y otras autoridades del gobierno, a fin de definir acciones conjuntas que fortalezcan los mecanismos de prevención.
La prevención es la clave para enfrentar este problema, según Cuesta. Explicó que cada día aumenta la demanda de ciudadanos que caen en adicciones, así como las clínicas clandestinas que no son tan fáciles de ubicarlas, porque no tienen identificaciones y, muchas veces, la propia población las protege.
Precisamente, Kasia Malinowska, directora de Open Society Global Drug Policy Program, en otra reunión, en febrero, recomendó al Grupo trabajar en prevención, si es que se quiere tener éxito a largo plazo. Lastimosamente somos muy resultadistas y no nos gusta invertir para el futuro, se lamentó la parlamentaria.
En ese mismo mes, junto con la Organización de Parametría, el Grupo desarrolló una capacitación para candidatos seccionales de 2019 sobre el abordaje de este fenómeno, así como una mesa técnica con presidentes de varias comisiones legislativas, a fin de hacer un seguimiento a la aplicación de la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas.
En marzo, el Grupo apoyó el lanzamiento del Observatorio Nacional de Drogas en la Asamblea Nacional. Este ente, como instancia de la sociedad civil, verificará el cumplimiento de las políticas públicas establecidas sobre esta materia. En cambio, en julio se realizó un encuentro interparlamentario, con similares de Perú, Chile, México y Uruguay, con el propósito de nutrirse mutuamente sobre políticas de prevención.
También realizó otras mesas de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud, Alcaldía de Quito, Vicepresidencia de la República y otras, en el marco del Acuerdo Nacional, sobre el eje de prevención de adicciones.
Mientras tanto, en octubre convocó a varios personajes del Estado, a fin de que expongan detalles del incendio en el que fallecieron 10 personas, en una presunta clínica de tratamiento para personas con problemas de adicción, en Guayaquil.
En legislación, el Grupo presentó observaciones a las reformas al Código Integral Penal, en lo relacionado a la tenencia y posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados, con fines terapéuticos o medicinales para que no sean punibles. Además, presentó una reforma a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas.
Este ha sido un año positivo en el trabajo del Grupo, pero en el territorio ha sido muy triste seguir viendo que se repiten muertes de jóvenes y la proliferación de clínicas clandestinas, enfatizó María Mercedes Cuestas.
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