Luego del receso legislativo, la primera tarea de la Comisión de Justicia será verificar la implementación de disposiciones reglamentarias por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los movimientos políticos, que permitan efectivizar la plena aplicación de las reformas al Código de la Democracia.
Al hacer un balance de la tarea cumplida en el último período, la asambleísta Ximena Peña Pacheco, titular del organismo parlamentario, destacó que la mesa aportó significativamente en la producción legislativa del Parlamento, tras expresar la importancia y trascendencia de los cambios en materia penal y electoral.
Democracia inclusiva y transparente
Peña dijo que la reformas electorales tratan de consolidar una democracia inclusiva y transparente, más aún cuando se hace realidad la paridad de género, así como la participación activa de jóvenes, mujeres y pueblos ancestrales en la vida política del país y en la toma de decisiones.
Estos propios segmentos poblacionales y la sociedad en su conjunto tienen que convertirse en veedores del cumplimiento de la normativa. Así, por ejemplo, que el 70 % del fondo partidario vaya a la formación política de las bases, que los procesos internos de selección de candidatos se cumplan con total seriedad, que los partidos establezcan binomios presidenciales paritarios (hombre – mujer o viceversa), argumentó.
Expuso que la reforma le hace justicia a las mujeres, quienes de manera progresiva irán ganando, por capacidad, oportunidades en todos los niveles de gobierno. Hay un estricto control del gasto electoral y financiamiento de las campañas, por tanto las donaciones, de manera obligatoria, ya sean en efectivo o en especies tienen que ser bancarizadas y monetizadas. Los candidatos, jefes de campaña, las organizaciones y los contadores tendrán responsabilidad solidaria en el manejo de recursos y en la información que se presente ante el CNE.
Para tal efecto, continuó, está el sistema de interconexión de datos, en el que se articulan el Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).
Incautación de bienes
En cuanto a la reforma penal, dijo que si bien no se logró incluir la figura del comiso sin sentencia, si constan las figuras de comisos ampliado y a terceros, que son herramientas claves que permiten a los jueces incautar bienes a favor del Estado y recuperar lo robado producto de la corrupción, respetando el debido proceso.
Mencionó que los corruptos estaban acostumbrados a traspasar bienes y fondos provenientes de actos ilícitos a nombre de familiares, y amigos. Entonces, ahora los jueces podrán ordenar la investigación de la procedencia de bienes de estas terceras personas, las que deberán probar la licitud de los mismos, de no hacerlo serán incautados, agregó.
Comentó que la Asamblea Nacional aprobó el tema que promueve la denuncia, no solo ampliando la cooperación eficaz, sino también para que la persona que denuncia tenga protección, reserva de su identidad, estabilidad laboral e incluso pueda adquirir hasta un 20 % de lo recuperado siempre y cuando no haya sido parte del cometimiento del delito, cuyas medidas contribuyen en la lucha a la corrupción e impunidad.
Hay otras aristas en la reforma: la tipificación del delito de desaparición involuntaria; creación de un procedimiento abreviado y expedito para delitos contra la integridad y violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar; sanción al maltrato animal e incendios forestales; despenalización del uso del cannabis con fines estrictamente terapéuticos, sostuvo.
Retos
Ximena Peña indicó que el proyecto de Ley de la Defensoría Pública, las reformas a la normativa de la Función Legislativa y al Código de la Función Judicial, recibirán un tratamiento prioritario.
Control político
En lo referente a la actividad fiscalizadora y control político, la asambleísta Ximena Peña puntualizó que la mesa de Justicia hizo un constante seguimiento a los procesos de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y la renovación de los notarios.
MG/cz
