El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos mantuvo una reunión virtual respecto a las garantías constitucionales que el Estado debe otorgar por la emergencia sanitaria y el Estado de Excepción que rige en Ecuador, debido al Covid-19. En ese marco, recibió al Defensor del Pueblo, a la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y al representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos.
Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, manifestó que toda política pública, en el contexto de una emergencia, se debe orientar a garantizar el respeto a los derechos humanos. Apuntó que la institución que dirige tiene varias preocupaciones respecto al manejo de crisis, falta de transparencia en la información, adecuado presupuesto para la atención de la emergencia, entre otros aspectos.
Así mismo, resaltó que la Defensoría del Pueblo ha recibido varias denuncias sobre la falta de equipamiento e insumos en las casas de salud, escases de pruebas para el Covid-19, mal manejo en el tratamiento de cadáveres y falta de equipamiento de bioseguridad para los profesionales de la salud.
Carrión manifestó que el estado de emergencia no suprime el derecho a la libertad de expresión y control político, por lo tanto, sugirió a la Asamblea pedir explicaciones a la exministra de Salud y al Ministro de Finanzas sobre los recursos destinados para afrontar la crisis sanitaria y el pago de la deuda externa. En este sentido dijo que el Estado debió privilegiar la atención a la crisis sanitaria.
En otro tema, señaló que la fuerza pública no puede cometer excesos, sino cumplir con las competencias que le son asignadas en la Constitución y la Ley. Este pronunciamiento lo hizo respecto a las agresiones por parte de uniformados a ciudadanos que circulan en redes sociales.
Sobre las personas privadas de libertad, indicó que también se han atendido algunas denuncias y ya se toman acciones. Una alternativa es que quienes ya cumplieron el 40 % de su pena salgan en libertad, con esto se evitaría mayor contagio en los Centros de Rehabilitación Social.
CIDH
Soledad García, relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros puntos, indicó que los Estados deben garantizar el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, y velar por la integridad y bienestar de las personas profesionales de la salud que están frente a la pandemia.
Resaltó que no se pueden suprimir o prohibir los derechos y las libertades de manera genérica y, en especial, no deben limitar la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones y liderazgos sociales o políticos para buscar y difundir información por cualquier medio.
Así mismo, deben observar la obligación positiva de informar en forma completa, permanente y veraz sobre la evolución epidemiológica de la pandemia y las medidas que adoptan para combatirla. Recalcó que los Estados, también deben exigir que las empresas respeten los derechos humanos y tengan un comportamiento ético y responsable, particularmente por los impactos en los trabajadores.
Comité Permanente
Billy Navarrete, representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos, manifestó que el Covid-19 agrava la crisis económica de la gente más necesitada. Por lo tanto, hizo un llamado al Gobierno para la entrega inmediata de kits y la habilitación de albergues.
Al mismo tiempo, pidió a la Fuerza Pública no utilizar el exceso de fuerza contra quienes no cumplen la medida, habló que una alternativa podría ser el trabajo comunitario. Otro pedido fue que exista un protocolo para el manejo de cadáveres, puesto que al no ser retirados de las casas donde fallecen se convierten en un foco de contagio.
Becarios
Santiago García, becario de la Senescyt, indicó que los estudiantes que se encuentran en el exterior no han recibido pagos por parte del programa de becas. Señaló que más de 210 becarios se encuentran impagos desde febrero de 2019. Manifestó que en los países que habitan ya están en cuarentena y sin dinero es bastante difícil sobrellevar la situación.
Resolución
Una vez culminadas las comparecencias los comisionados aprobaron una resolución que, entre otros puntos, señala:
Pedir urgentemente al Presidente de la República, ubique todos los recursos disponibles para fortalecer el sistema de salud pública del país, adoptando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y garantizando la protección de los profesionales y trabajadores del sistema de salud a través de medidas de bioseguridad y equipamiento adecuados y superar el desabastecimiento que han evidenciado en sus protestas. Adquiera y efectúe pruebas masivas, gratuitas y de libre acceso para los casos del COVID y proveerse de insumos, medicinas, tecnologías y equipamiento.
Exhortar al Gobierno Nacional a que, en garantía de los derechos fundamentales, priorice la salud, llegando a acuerdos de suspensión temporal de pago de la deuda externa y de los acreedores del Estado, mientras dure la emergencia sanitaria y de ser el caso su condonación, refinanciamiento y/o suspensión temporal del crédito.
Requerir al Gobierno Nacional para que garantice el derecho a la alimentación, especialmente de los sectores más vulnerables.
Solicitar al COE Nacional revisar de manera inmediata el protocolo inconstitucional dictado para el retorno de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior, a fin de garantizar la reunificación familiar y su salud.
Exigir al Gobierno Nacional que garantice el derecho al trabajo y una remuneración justa conforme lo establece la Constitución de la República.
Hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a cumplir con su importante rol, con observancia estricta de todos los protocolos que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de la población y el uso progresivo de la fuerza.
Requerir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores se garantice la seguridad sanitaria de esta población y se establezcan los protocolos dirigidos a precautelar la salud y bienestar de sus familiares y el cuerpo de seguridad de los Centros de Rehabilitación Social.
SV/cz
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