La situación de las personas privadas de libertad, especialmente las que padecen enfermedades catastróficas, embarazadas, adultos mayores y con discapacidad, a propósito de la emergencia sanitaria por el Covid-19, fue motivo de análisis y preocupación de la Comisión de Justicia. También se abordó el proceso de pago y morosidad en las pensiones alimenticias.
En tal sentido, en la sesión virtual 067, la mesa resolvió convocar para la próxima semana al Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o su delegado, acogiendo el pedido del legislador Franklin Samaniego, quien destacó que es urgente, por la gravedad y riesgo de la emergencia, tener información especifica de posibles contagios de coronavirus en los centros y las medidas implementadas para proteger a toda la ciudadanía inmersa en el sistema.
Pedidos de información
La asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión, anunció que ya solicitó al SNAI información sobre las acciones y directrices de prevención adoptadas frente a la pandemia en todos los centros; número exacto de cada segmento de la población carcelaria en condición de discapacidad, embarazos, enfermedades con alta complejidad; detalle del presupuesto que se maneja para enfrentar la emergencia; capacidad y situación instalada respecto al personal médico, insumos e infraestructura para el aislamiento de posibles contagios.
También indicó que dirigió una carta al Consejo de la Judicatura, en la que pide aclarar las razones por la cuales no se estaban cumpliendo las audiencias telemáticas. Esto recogiendo la inquietud de la Defensoría Pública, jueces y fiscales, a pesar que había una resolución del propio Consejo al respecto, agregó.
Comentó que es necesario conocer, además, las medidas que se han dispuesto para precautelar la integridad de los operadores de justicia, defensores públicos, fiscales y partes procesales en el marco de la emergencia; copias de las resoluciones y comunicaciones que el Pleno y la Dirección General hayan remitido a las direcciones provinciales, en torno al empleo de medios tecnológicos para el desarrollo de audiencias; detalle por provincia y unidad judicial de las audiencias de flagrancia convocadas y celebradas diariamente desde el 17 de marzo hasta la fecha; requerimientos técnicos de las unidades judiciales para efectuar este tipo de tareas, entre otros puntos.
MG/cz
