La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió, mediante videoconferencia, la comparecencia de autoridades y representantes del municipalismo del país, así como a titulares de colectivos en defensa de la planificación territorial del Ecuador. En esta reunión se receptaron aportes en el marco del procesamiento del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad); y, además, se conocieron los criterios sobre la derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento, Uso y Gestión de Suelo (Loogtus).
En la sesión participó el alcalde de Archidona y presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), en su exposición brindó detalles de la situación de los GAD amazónicos y solicitó que, en referencia a la presentación de los Planes de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo que por ley deben presentar los municipios el próximo 14 de mayo, que los GAD presenten dichos planes en 12 meses después de superada la crisis sanitaria nacional.
Por otro lado, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios; Arturo Mejía, del Gobierno Municipal de Cuenca; y, José Toral, director de la Empresa Pública Municipal de Urbanismo y Vivienda (Emuvi) de Cuenca; brindaron aportes en lo que respecta a la situación de las herramientas para el uso y gestión del suelo y la planificación territorial. Como gobierno de cercanía, conocemos las realidades del territorio y si no gestionamos el uso del suelo el desorden en el crecimiento de las ciudades va a ser complejo y las repercusiones que esto contempla, afirmó el burgomaestre cuencano.
Además dijo que la condensación dispersa de los habitantes en los territorios hace que la inversión por parte de los GAD, en dotación de servicios básicos sea elevada. Para graficar este argumento, Palacios dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio para la ciudad de Cuenca, ha determinado que, para dotar de infraestructura básica en la periferia de esta ciudad se necesitarán cerca de 3500 millones de dólares, es por ello la necesidad de contar con una norma que permita el aprovechamiento del uso y gestión del suelo.
En este marco, se pronunció contrario a la derogación de la Loogtus, pues a su juicio sería un grave error y retrocedería derechos ciudadanos contemplados en la Constitución. “La ley es perfectible y frente a la situación actual puede ser reformada”, sostuvo. A este criterio se sumó Arturo Mejía, quien dijo que para el procesamiento de esta norma se ha establecido un diálogo entre la academia, gremios y el GAD de Cuenca. En este sentido manifestó que derogar la Loogtus contraviene la Constitución porque se vulneran derechos que tienen los ciudadanos a la ciudad.
“Los derechos, como manda la carta magna son progresivos”, afirmó el funcionario. A su vez, manifestó que no se podría ejecutar acciones urbanísticas por la pérdida y limitación de competencias referidas en el ordenamiento territorial. Para José Toral, es necesario tener la estructura actual, que merece una reforma y que brinda autonomía a los GAD para poder planificar las ciudades como consta en la norma.
La Loogtus clasifica los suelos entre urbanos y rurales con sus distintos componen y establece los mecanismos de planificación, aseguró. Cuenca ha crecido en un 25 % su territorio pero tan solo un 8 % en población, es decir consumimos más territorio por ello la necesidad de ordenar y planificar adecuadamente.
Para Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, la Loogtus no debe ser eliminada porque los GAD necesitan una ley urbanística. Junto al criterio sobre la ley, manifestó que un punto clave que también les preocupa, es la supresión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT). Sobre este tema, dijo que este organismo es el ente de control para los GAD en el cumplimiento de ordenanzas sobre desarrollo territorial y uso del suelo, por lo que de ser eliminada, no existiría órgano que regule este sector.
Por su parte, Paco Salazar, representante del colectivo de defensa de Planificación Territorial, señaló que la norma busca entender a la ciudad como un instrumento que garantice los derechos colectivos. Dijo que la ciudad es un espacio de disputa y se asocia a las propiedades vinculadas a los recursos frente a la oferta y demanda del suelo. Por ello, defendió que la Loogtus busca un adecuado planeamiento, gestión y desarrollo urbano. Esta es una importante herramienta de gestión territorial, por ser una norma especializada y un modelo fundamental para el sostenimiento.
Finalmente, el coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad y Espacios Públicos de Guayaquil, Luis Saltos, detalló que las reformas deben ser repensadas puesto que las ciudades ya no son las mismas que cuando se expidió el Cootad. Frente a la crisis sanitaria actual por el Covid-19, el experto estableció que el problema se basa por la inadecuada planificación del territorio que ha generado un escenario caótico producto de la falta de desarrollo de suelo y planificación carente de dotación de servicios básicos.
Como observatorio, proponemos que las reglas de juego sean claras. Desde la Secretaría Técnica de Planificación, se debe lograr que todos los niveles descentralizados de Gobierno cuenten con autonomía de acuerdo a sus competencias y funciones velando las atribuciones de la ley y reglamentadas a través del SOT. Esta instancia debe ser reestructurada y tiene que ser más eficiente porque la situación global nos obliga a entender el que mundo y las ciudades no serán las mismas después del Covid-19.
EA/cz
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