En el contexto de las reformas al Código de la Niñez, la Comisión Ocasional que aborda este tema, en la sesión virtual 057, centró la discusión en textos borradores sobre las políticas públicas de protección a niños, niñas y adolescentes, entes responsables de su ejecución, articulación interinstitucional, procedimientos ante delitos de abuso sexual, garantías de acceso a la educación, infracciones administrativas, violencia, entre otros puntos.
Las propuestas relativas a que las políticas de protección sean elaboradas con lineamientos obligatorios dictaminados por el Consejo Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de forma participativa y articulada entre los actores públicos, privados, comunitarios, locales y nacionales; que esta protección integral sea en igualdad de condiciones; respeto y desarrollo de su identidad cultural, considerando edad, género y otras condiciones de diversidades; y, derechos a vivir en familia, a la educación, salud, nutrición, vivienda, etc, no tuvieron observaciones.
Desde la sociedad civil surgieron inquietudes. Berenice Cordero y Sara Oviedo hablaron de efectivizar la articulación de todas las políticas de protección, tras plantear la necesidad de impulsar un plan nacional sobre desarrollo infantil, desnutrición crónica y contra la violencia. Al respecto, Efigenia Witt, defensora de los derechos de niños y adolescentes, dijo que se debe priorizar una atención especial a la primera infancia.
Entre tanto, el legislador Franklin Samaniego se pronunció por definir una política social emergente para enfrentar la pobreza extrema y la desnutrición crónica, diferenciada de las acciones en circunstancias de emergencia como el caso de la pandemia y desastres naturales. Esta opinión la compartió Cristina Torres, de la Coalición contra el Abuso Sexual Infantil en Ecuador, quien sugirió fijar políticas públicas para situaciones de riesgo.
Sesión 056
En razón de que existen criterios divergentes, el tema del ente que manejará el sistema de protección de derechos de adolescentes con responsabilidad penal, quedó pendiente. Justamente, la asambleísta Gloria Astudillo planteó que la rectoría la asuma el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para cuyo efecto se crearía una dirección nacional de atención integral a este grupo poblacional.
En cambio, Franklin Samaniego expresó que se puede, mas bien, fortalecer la gestión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) con un lineamiento de especialidad para el trato a los adolescentes en conflicto con la ley. Se puede mejorar el enfoque de las medidas socioeducativas, a criterio de la asambleísta Verónica Arias. Las legisladoras Brenda Flor y Gabriela Larreátegui manifestaron que hay que evitar modificar estructuras que le pueden significar costos al Estado, más aún en la actual crisis económica.
MG/cz
