El Ministro de Energía, Minas y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, precisó que Petroecuador debe participar de forma directa en el seguro petrolero para afrontar la crisis del sector. Consideró que se podría terminar el 2020 con un precio del barril de petróleo de 25 dólares.
Este no es el momento de establecer este seguro ya que habría que buscar dinero para hacerlo, pero es importante que esté dentro del marco jurídico, a fin de que conste en el presupuesto, en la parte correspondiente a ingresos petroleros. Ecuador podría entrar en este tipo de acción para proteger sus ingresos en las exportaciones de petróleo, añadió.
El funcionario acudió de manera virtual a la Comisión de Régimen Económico para analizar el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, junto con el viceministro de Electricidad, Luis Vintimilla; los gerentes Generales de Petroecuador y Petroamazonas, Pablo Flores y Juan Carlos Bermeo, respectivamente.
Así mismo, el Ministro dio a conocer que el 2019 se cerró las exportaciones en el área minero mecánica en 279 millones de dólares. Este 2020 hemos exportado 368 millones, es decir, 32 % de incremento en un trimestre versus a un año; ese es el impacto de la minería a gran escala, con la incorporación de los proyectos Mirador y Fruta del Norte. La meta es arrancar la producción lo más pronto posible.
Respecto al Fondo de Estabilización, indicó que este es un tema importante que la Comisión debe tomar en cuenta, ya que si no existen los fondos de ahorro no se puede hacer frente a imprevistos, como el actual. La mejor lección que nos deja la crisis sanitaria y la contracción de la economía mundial, es el tener un fondo de ahorro de estabilización como el que se propone en el proyecto.
En otro orden, anunció que las empresas Petroecuador y Petroamazona se encuentran en un proceso de fusión financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por la crisis por Covid-19 no se han realizados los procesos porque las consultoras deben hacerlo de manera presencial, indicó.
Sobre la autonomía de las empresas públicas, solicitó que dentro de la ley se tome en cuenta la importancia de que estas empresas estatales se manejen con independencia y autonomía financiera.
Tarifas eléctricas
En su intervención, Luis Vintimilla señaló que la empresa Celec que realiza generación de electricidad y CNEL que distribuye energía en la Costa ecuatoriana, Sucumbíos y Bolívar, en diciembre de 2019 fueron sometidas a un proceso de optimización, en razón de que existen debilidades en el campo administrativo, técnico y financiero. Con ajustes apropiados pueden mejorar sus niveles de gestión en beneficio del consumidor final.
Señaló que por la crisis sanitaria el consumo de energía eléctrica industrial disminuyó mientras que el residencial se elevó, razón por la cual anunció que la tarifa kw/hora se cobrará en 4 centavos los meses de marzo y abril aunque se sobrepase el nivel permitido. Los valores se cobrarán recién en junio y se prorrateará a 12 meses, sin intereses. Este mismo trato tendrá las pequeñas empresas, agregó.
A su vez, el Ministro Ortiz fue enfático al señalar que no hay despidos en ninguna de esas dos empresas. Los contratos y nombramientos ocasionales establecidos para dos años, pese a que algunos concluyeron, por la crisis de salud, se mantienen, es decir se suspende el proceso porque no es el momento, pero que se procederá de conformidad con la ley, cuando sea oportuno.
En su turno, Pablo Flores indicó que Petroecuador depende financieramente del Ministerio de Finanzas y en casos como la ruptura del Oleoducto no se obtiene un presupuesto ágil para cubrir la emergencia o para el mantenimiento de las refinerías. Tal como está concebido el proyecto genera confusión y lo ideal es que existan recursos para continuar con la operación, sostuvo.
Mientras que, Juan Carlos Bermeo enfatizó que Petroamazonas experimenta la misma realidad de Petroecuador en el ámbito financiero. Solicitó a la Comisión revise el artículo 7 del proyecto urgente a fin de que no se genere suspensión de procesos.
El articulado no debe violar la Constitución
Rosita Tapia, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, formuló una serie de observaciones al articulado del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Pidió a la Comisión de Régimen Económico revisar que este no violente los preceptos de la Constitución.
Dijo que se debe reformular el texto del artículo 2 sobre la clasificación del sector público porque la Carta Magna ya lo determina y podría generar confusión. Sugirió que en el numeral 12 del artículo 3 se modifique por el Consejo Nacional de Competencias como ente rector del proceso de descentralización del país.
Además, Tapia señaló que la política de mitigación de riesgos fiscales no debe afectar a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que, solicitó incluir un artículo que establezca la asignación de recursos para las contingencias fiscales de estos.
JLVN/cz
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