Luego de la pandemia del Covid-19, el Ecuador y el mundo no serán lo mismo. El desafío es repensar la política pública, con la implementación de modelos de gestión para la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, dijo el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), en el Pleno de la Asamblea, en la sesión virtual 665.
La comparecencia del funcionario se dio en el marco de la crisis económica y social a causa de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, con el propósito de conocer, de acuerdo a sus competencias, las medidas y acciones implementadas.
Granda Molina habló de la necesidad de evitar que crezca la pobreza y la extrema pobreza, lo que requiere actuar de manera temprana en políticas públicas y la aprobación de leyes.
Indicó que en materia de protección social pasaron de 1 millón 30 mil familias a cerca de 2 millones, con una inversión de 48 millones de dólares en la primera fase y 66 millones de dólares la segunda fase. Mencionó que la Asamblea Nacional ha sido parte activa de la campaña “Dar una mano sin dar la mano”, que nace de la sociedad civil, misma que ha atendido a 960 mil familias con los kits alimenticios.
El ministro precisó que para ayudar a la economía popular y solidaria existe un crédito del BID por 51 millones de dólares, tras enfatizar que el respaldo llegará también a los pequeños emprendimientos. En una tercera fase se entregaría el bono de contingencia a personas que perdieron su empleo, equivalente a 120 dólares por el lapso de 3 meses, tratando de llegar a 1 millón de hogares, con una inversión de 150 millones de dólares.
Inquietudes y propuestas
22 parlamentarios, en dos rondas, formularon inquietudes e incluso hicieron importantes propuestas, en función de que el bono de protección familiar y los kits alimenticios lleguen directamente a los sectores más necesitados, mediante una coordinación y articulación en territorio con los distintos niveles de gobierno: municipios, prefecturas, juntas parroquiales.
Observaron que el registro nacional debe actualizarse, acorde al momento actual; que la entrega del bonos, por intermedio de corresponsables no financieros, tome en cuenta las aglomeraciones, lo que puede generar contagios masivos; que las ayudas se orienten especialmente a los pobres, a los que padecen enfermedades catastróficas, a personas con discapacidad, a la niñez, comerciantes y los que viven del día a día.
Además que, en vez del bono de 60 dólares se podría dar raciones de productos de primera necesidad, que incluyan insumos de protección sanitaria (mascarillas), que serían adquiridas en tiendas de barrio y centros de acopio, lo que activaría a los pequeños agricultores y actores de la economía popular.
Los legisladores pidieron respuestas urgentes al tema del incremento de los casos de violencia intrafamiliar; la condición de niños que han perdido a sus progenitores; las casas de acogida; los centros geriátricos; y, fundamentalmente los casos de pagos de pensiones alimenticias, considerando que muchos alimentantes han sido separados de su empleos.
En respuesta, el ministro Iván Granda explicó que el registro social es autónomo y que no se puede hacer trabajo de campo para su actualización. Sin embargo, estamos abiertos a coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por su evidente cercanía con la ciudadanía, a fin de contar con información específica para asistir a los más pobres y vulnerables, agregó.
Anticipó que está listo un programa virtual, con la intervención de 100 psicólogos y 27 profesionales del área de psiquiatría, para atender casos de violencia de género e intrafamiliar. También sostuvo que en las empresas Tía y Gran Akí, los ciudadanos inmersos en el bono de protección familiar podrán acceder a productos a cambio de los 60 dólares, lo que se ampliaría a tiendas de barrio, Las cooperativas de ahorro y crédito se involucrarán en el proceso de entrega de ayudas económicas.
La máxima preocupación es consolidar el tejido social, bajo una línea de articulación con la Iglesia, gobernaciones, GAD y todos los sectores para enfrentar juntos la crisis económica, el impacto del Covid-19 y la situación pospandemia, expresó.
MG/cz
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