La Comisión de Justicia asumió el compromiso de definir, a la brevedad posible, una normativa específica para luchar contra el contrabando, teniendo como base de trabajo las propuestas de los asambleístas Héctor Muñoz y Juan Cristóbal Lloret. Se prevé, según el cronograma, tener listo un primer informe a finales de julio.
Precisamente, en la sesión virtual 071, la mesa inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías. En este ocasión, recibió aportes de los sectores de productores de uvas, fabricantes de alimentos y bebidas, de la industria tabacalera y la cámara de agricultura.
Antonhy Escudero, director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Uvas, destacó que esta actividad tiene seis años de presencia en el país, pero su desarrollo se ve limitado por el gran contrabando que bordea el 60 % y llega especialmente de Perú, sin ningún control de calidad, hecho que en 2019 perjudicó al Estado en 1 millón 500 mil dólares.
Christian Wahli y Julio De la Calle, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), plantearon que, recogiendo la experiencia de República Dominicana, se amplíe el concepto de la norma y se denomine Ley de Erradicación al Comercio Ilícito, incluyendo capítulos sobre contrabando, falsificación, adulteración, comercio informal. Hay que efectivizar el control, pues es increíble que mercados oficiales, regidos por municipios, sean fuente de contrabando, comentaron.
Mauricio Sáenz, gerente general de ITABSA, TANASA y PROESA (sector tabacalero), precisó que el 70 % de cigarrillos que se comercializan en Ecuador son de contrabando, que proviene en su mayoría de Asia, privando a las arcas fiscales de un ingreso de 800 millones de dólares por impuestos, en los últimos años.
Subrayó que los constantes ajustes tributarios a la industria no logró reducir los niveles de consumo, más bien, fomentó un incentivo perverso al crecimiento de este fenómeno. Habló de preservar la producción local, el empleo e impedir que el fisco pierda ingentes recursos.
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, convocó a tratar la problemática de la informalidad. La crisis actual es una oportunidad, justamente, para poner en orden los mercados, identificar de dónde vienen los productos, a fin de verificar que sean de calidad a favor de los consumidores, combatiendo así la informalidad, el contrabando y, lo más importante, la desnutrición y malnutrición.
Amnistías e indulto
Previamente, la mesa decidió analizar, caso por caso, las solicitudes de amnistías y un indulto. Luis Saavedra y María Luisa Villacís, autoridades de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), expresaron que los dirigentes del Consejo Indígena de Justicia de San Pedro de Cañar fueron acusados injustamente en el 2015 del delito de secuestro solo por aplicar la justicia indígena en un problema de tierras, ejercicio consagrado en la Constitución, lo que ha motivado incluso observaciones de parte de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este contexto, el legislador José Serrano manifestó que el encarcelamiento y las acusaciones en contra de los dirigentes campesinos evidencia un tinte de discriminación y racismo, por lo que es fundamental analizar la documentación y adoptar resoluciones urgentes. El parlamentario Elio Peña insistió que se tome en cuenta el informe que preparó la anterior comisión.
MG/cz
Más fotografías:
