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La propuesta modificada por esa mesa de trabajo está orientada al uso eficiente de recursos con sujeción de las políticas fiscales y económicas al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, poner orden en las finanzas públicas con techos presupuestarios institucionales para reactivar la economía del país.
Con la participación de 134 asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la mañana y tarde de hoy, tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, al dar por terminado el debate, luego de siete horas, dispuso que las observaciones planteadas por los asambleístas se remitan a la Comisión de Régimen Económico que deberá elaborar el informe para segundo debate, en 4 días.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, destacó la participación de sectores públicos, privados, academia, analistas económicos, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), de la seguridad social, quienes plantearon 55 observaciones al articulado, lo cual permitió preparar un documento mejorado en relación al del Ejecutivo.
“Este es el momento de llegar a consensos y acuerdos en torno a los temas cruciales para el país, no solo afectado por la situación estructural de las finanzas públicas y el desfase que mantiene desde hace algunos años, a lo cual se suma una situación coyuntural generada por la pandemia del Covid 19. En manos de la Asamblea Nacional está ordenar las finanzas públicas y llevar como mensaje al mundo que queremos hacer bien las cosas”, precisó.
Mendoza pidió a los parlamentarios corregir lo necesario, mejorar la redacción de artículos que desde su origen no fueron bien concebidos. “Si bien hay que establecer una verdadera planificación de las reglas fiscales, articulada con los diferentes niveles de gobierno, se debe respetar la autonomía de los GAD y de la Seguridad Social”, afirmó.
Autonomía
En el debate, los parlamentarios mencionaron que el proyecto enviado por el Ejecutivo presenta contradicciones con la Constitución, en cuanto a pretender incorporar un concepto de sostenibilidad fiscal sobreponiendo el concepto de eficiencia económica que nada tiene que ver con los presupuestos participativos de los GAD, por tanto, se violentaría su autonomía.
Al referirse al artículo 2 del proyecto, los asambleístas indicaron que es inconstitucional porque se pretende establecer una nueva clasificación del sector público cuando el artículo 225 de la Carta Magna ya lo determina. Es decir, se confunde lo que es la administración central con la administración pública, con lo cual se pretende centralizar los presupuestos de los GAD y de la Seguridad Social, así como ubicar al Banco Central como entidad pública, cuando es una institución que controla los sistemas monetario, crediticio y cambiario. En este marco, plantearon que se debe eliminar dicho artículo o, en su defecto, modificarlo totalmente.
Reglas fiscales
Los legisladores sostuvieron que no hay que confundir los ingresos permanentes con los del sector no financiero. Piden establecer techos de la deuda con relación del PIB, así como determinar límites de endeudamiento público, garantizar la autonomía del IESS, Isspol, Issfa, GAD, Banco Central, transparentar la información, vigilar la calidad del gasto y establecer control de las reglas fiscales.
Dijeron que reducir el límite de endeudamiento del 15 % al 5 %, limitaría la posibilidad del Estado de velar por las necesidades de los ecuatorianos y se dejaría abierta la posibilidad para que el 20 % de recursos sea utilizado para el pago de deuda externa. Se propuso que la deuda sea consolidada, aunque no todos estuvieron de acuerdo con este planteamiento.
Indicaron además, que no se puede dar cheque en blanco al Ministerio de Finanzas para contratar tratados bilaterales de inversión, con lo cual se podría endeudar más al país.
En el debate, los asambleístas mencionaron que los gastos financieros de la deuda no deben superar los ingresos permanentes, que la regla fiscal sobre la deuda pública no debe pasar del 40 % del Producto Interno Bruto y más bien determinar excepcionalidades, por ejemplo, endeudamiento en caso de emergencias como la que afrontamos al momento por la pandemia.
Algunos asambleístas consideran que, por el momento, la propuesta del Ejecutivo no va a resolver el problema económico fiscal que tiene el país, ya que la misma se pondrá en práctica en el 2022 con otra administración del Estado. Pidieron que en el proyecto incluyan temas relacionados con la salida de divisas.
Hablaron sobre el Fondo de estabilización, el Seguro Petrolero, el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, las Notas del Tesoro y Plataformas Digitales, temas en los cuales existen divergencias.
Varios legisladores consideraron importante el tratamiento y aprobación del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas con las correcciones que se deben hacer para respetar el marco constitucional e instaron a asumir con responsabilidad y compromiso este proyecto de ley.
