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El amplio debate y participación que hubo tanto en esa mesa, como en el Pleno de la Asamblea (hubo 78 comparecencias) permitió la construcción de un articulado que corrige los errores de origen cometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El nuevo y mejorado texto garantiza la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las entidades de la Seguridad Social (IESS, ISSFA, ISSPOL). Además, frenó el intento de conceder superpoderes al Ministerio de Economía y Finanzas e hizo que la normativa tenga coherencia con su espíritu de urgente.
Defensa de la autonomía
En el Artículo 2 del proyecto de Ley que fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea el 16 de abril de 2020, en la parte relacionada con la clasificación del sector público, se pretendió incluir a las entidades que son autónomas y tienen independencia administrativa y financiera; atentando así contra la Constitución. Esto levantó alertas de varios sectores que fueron recibidos durante la etapa de comparecencias en la Comisión de Régimen Económico.
Su Presidente, Daniel Mendoza, advirtió públicamente que ninguna normativa puede estar por encima de la Carta Magna y se comprometió a impulsar un texto que solvente los peligros a los que el articulado exponía a las entidades.
“Lo hemos logrado. Tanto las instituciones como sus beneficiarios pueden estar tranquilos. Era una locura tratar de vulnerar la autonomía e independencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, las empresas públicas y la banca pública”.
Combate a los superpoderes
En el proyecto de Ley que llegó a la Asamblea Nacional hubo una pretensión del Ministerio de Finanzas para adjudicarse competencias y atribuciones que lo convertían en juez y parte dentro de las finanzas. También buscaba tener la capacidad de sancionar, como si fuera la Contraloría General del Estado, con el argumento de que no existen conductas correctas en las finanzas en los diferentes entes del Estado.
Durante el respectivo análisis en la mesa se reconoció que si bien las finanzas públicas de Ecuador son vulnerables y perfectibles, ese hecho no debe ser usado como pretexto para emitir un cheque en blanco al Ministerio de Economía y Finanzas.
“En general, el proyecto desnaturalizaba el rol del Ministerio de Finanzas al intentar otorgarle competencias de otras instituciones. Quería colocarse incluso sobre el Primer Mandatario”, refirió Mendoza al ser consultado sobre los puntos más destacados del informe borrador.
Claridad en reglas fiscales
El trabajo en la Comisión y del Pleno posibilitó también la construcción de un esquema de reglas fiscales e instrumentación coherente con la realidad del país, pero al mismo tiempo ajustado a los estándares internacionales.
El nuevo texto da certezas sobre la construcción presupuestaria tomando en cuenta lo local, el respeto a la autonomía, pero sin descuidar el contexto nacional, ni caer en el centralismo dado que el texto original presentó vacíos jurídicos que levantaron alertas sobre su aplicabilidad y que requerían claridad.
El siguiente paso será el análisis de este documento borrador para Primer Informe en la Comisión del Régimen Económico, por parte de sus 13 miembros. Ya se ha convocado a una reunión para la tarde de este sábado 9 de mayo de 2020, donde está previsto que se desarrolle la votación. Con el voto favorable de la mayoría se enviará el informe al Pleno para que se cumpla el segundo debate.
La Ley de Finanzas Públicas permitirá al Ecuador proyectar confianza, seguridad y una imagen positiva tanto a escala nacional como internacional, para convertirse en un imán de recursos frescos que permitan atender a las familias más necesitas frente a la pandemia del Covid19.
