La Comisión de Régimen Económico, con 8 votos a favor y 5 en contra, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, con varios cambios en relación a la propuesta del Ejecutivo. En el nuevo texto se garantiza la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de las entidades de Seguridad Social (IESS, Issfa e Ilsspol); además, se establece con claridad las funciones del Ministerio de Finanzas.
Los asambleístas Vicente Almeyda y Henry Kronfle anunciaron que presentarán un informe de minoría, en razón de que, si bien se hacen cambios en el artículo 2 del proyecto en el sentido de que los GAD y la Seguridad Social no son instituciones del sector público y se debe respetar su autonomía, no se establece una correlación con el resto de artículos para garantizar su autonomía administrativa, financiera y económica. Además, no está bien que haya plataformas paralelas a la del Banco Central ya que podría generar más burocracia y superposición de funciones, señalaron.
Una vez aprobado el informe, el Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, deberá convocar al Pleno para su tratamiento. El plazo que tiene el Parlamento para pronunciarse sobre este proyecto urgente concluye el 16 de mayo.
En el informe se determina que las entidades de la Seguridad Social son de carácter autónomo, no forman parte del Presupuesto General del Estado y sus fondos son propios. De igual forma, se respeta la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD que deben ejercerla de manera responsable y solidaria.
Así mismo, se establece la separación entre la Función Ejecutiva (Gobierno Central) y las demás funciones del Estado, consagrados en la Constitución, determinando claramente las responsabilidades de la Función Ejecutiva y sus competencias. Se clarifica la coordinación interinstitucional dentro del sistema nacional descentralizado de planificación participativa que será ejercida por el ente rector de planificación y se incorpora el objetivo de estabilidad económica.
Se eliminan los programas de preinversión que el Ministerio de Finanzas incluyó en el texto original y se incorporó la necesidad de emisión de un informe técnico de rentabilidad económica y social, con lo cual, aclara que la programación de la inversión pública está sujeta al Plan Nacional de Desarrollo.
Se elimina la atribución del Ministerio de Finanzas para que fije los límites máximos para la entrega de anticipos para la contratación pública; se clarifica las competencias necesarias para que la Cartera de Finanzas pueda fortalecer las finanzas públicas, tales como dirigir el proceso presupuestario, respetando la autonomía de cada una de las instituciones. El organismo legislativo crea las Notas del Tesoro fijando su límite máximo de emisión (8 %), Se determina que el Comité de Coordinación esté conformado por 11 miembros.
La mesa legislativa realizó un cambio sustancial en el hecho de las atribuciones de los Órganos de Control conforme lo determina la Constitución y la Ley, por lo que prevé que cuando se constate que existe incumplimiento de los objetivos de la regla de deuda pública y otras obligaciones de pago, resultado primario no petrolero, la regla de gasto y/o la regla de egresos permanentes por parte de las entidades del sector público no financiero, cuando corresponda, se comunicará de los hallazgos a las entidades correspondientes para que tomen los correctivos necesarios.
Debate
El presidente de la mesa legislativa, Daniel Mendoza, luego de escuchar algunas propuestas de los comisionados, resaltó el amplio debate que permitió incorporar temas de vital importancia en el marco del respeto constitucional, pero a su vez, recoger propuestas, a fin de mejorar el articulado del proyecto y aprobar el informe para segundo debate. Indicó que en el Pleno habrá otra oportunidad para enriquecer y mejorar aún más la propuesta legal.
Algunos legisladores destacaron los cambios que se establecen para hacer respetar el marco constitucional sobre las autonomías de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de la Seguridad Social, sin embargo, consideraron que se debe mejorar algunos textos.
El legislador Franco Romero mencionó la necesidad de incluir en el proyecto una reforma al artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, en razón de que existen cambios esenciales en materia petrolera y de recursos naturales no renovables, a fin de que las empresas puedan cambiar la modalidad de participación.
Por su parte, el asambleísta Patricio Donoso consideró oportuna la propuesta de Romero y destacó la inclusión de textos en el documento borrador. Resaltó que en el proyecto se incluya la ampliación de plazo para que los GAD puedan entregar sus planes de ordenamiento territorial.
La parlamentaria Ana Belén Marín formuló un grupo de observaciones que fueron valoradas por los comisionados, por ejemplo, que en los planes de inversión del Estado se observe una eficiente calidad del gasto. Sobre la previsibilidad del ingreso petrolero, que el Ministerio de Finanzas determine términos y condiciones de carácter técnico, económico y financiero de este tipo de operaciones, que la negociación de bonos debe hacerse por medio de las plataformas de Bolsa de Valores administrados por el Banco Central, entre otras propuestas.
El asambleísta Juan Carlos Yar destacó que la Comisión recogió varias observaciones planteadas durante la socialización del proyecto, así como de parlamentarios, mejorando el texto con cambios de fondo, a fin de garantizar la autonomía de los GAD y de las instituciones de la Seguridad Social. Pidió que las metas fiscales sean netamente referenciales con relación a esta última.
De su lado, la asambleísta Lira Villalba mencionó que no basta maquillar la redacción de un artículo porque se cambia la intencionalidad del proyecto. Dijo que en el texto del proyecto se dejan sueltos algunos temas con lo cual no se garantizaría las autonomías.
Gabriela Lerreátegui consideró que las reglas fiscales también se deben aplicar a los GAD y que los recursos del Fondo de Estabilización solo se utilicen para contingencias de emergencia. Mientras que el legislador Esteban Melo mencionó que el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional y antitécnico.
JLVN/cz
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