Trabajo Infantil y Pobreza fue tema de debate del ciclo Webinars #NiñezPrimero en Ecuador. Bryan Vinueza, joven representante de la Federación de Organizaciones Comunitarias de Imbabura del Consejo Consultivo Provincial de Niñez, pidió que el Estado estructure un plan de política pública para que los padres de familia tengan trabajo estable y puedan sostener el hogar, caso contrario se incrementará el porcentaje de niños y adolescentes laborando en las calles del país o en la agricultura, violentando de esta manera los derechos a la educación, salud, entretenimiento, etc.
Mencionó que por la situación económica y de salud que enfrentamos todos los ecuatorianos y más aún los sectores pobres, las familias migran del campo a la ciudad y al no existir fuentes de empleo dignas, adolescentes y niños se ven obligados a trabajos informales, lo cual les obliga a dejar de estudiar y por consiguiente el aumento de estadísticas de subempleo y pobreza.
En este ciclo de conferencias, también participó la legisladora Gloria Astudillo, integrante del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños Niñas, Adolescentes y Jóvenes, quien al ser consultada sobre cómo evitar el incremento del trabajo infantil por efecto de la pandemia del Covid-19, señaló que la crisis no es solo de salud, sino también de carácter humanitario, social y económico, por lo que, el Estado debe orientar su esfuerzo para cubrir las necesidades, por lo menos de alimentación, de los sectores más pobres.
Se debería establecer mecanismos para generar fuentes de empleo buenos para personas adultas y buscar elementos que permitan erradicar el trabajo infantil y la reducción de la pobreza para la construcción de una sociedad justa y equitativa, subrayó Gloria Astudillo.
Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego, coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes, mencionó que la Constitución y en el Código de Trabajo se prohíbe tácitamente el trabajo infantil y se establece una excepcionalidad para los adolescentes mayores de 15 años. En este marco, indicó que la Comisión de la Niñez elabora un articulado protegiéndolos de la explotación laboral y garantizando su derecho a la educación y salud.
Explicó que en el documento que prepara la mesa legislativa de la Asamblea Nacional se determina la prohibición de trabajar en condiciones laborales peligrosas o perjudiciales; y, en el marco de la emergencia sanitaria, evitar la precarización y vulneración de sus derechos, tema que no solo pasa por la decisión del Estado sino de unirse todo el tejido social para que no se vulnere los derechos de niños y adolescentes.
Entre tanto, Virginia Murillo, experta internacional, indicó que el trabajo infantil y la pobreza son temas complejos con causas estructurales que pasa por la visión de derechos humanos. La Constitución y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen ciertas excepcionalidades para que adolescentes mayores de 15 años puedan laborar; sin embargo, el problema por la pandemia solo se lo está enfocando a subsidios más no dentro del marco de la pobreza, lo cual provoca el aumento de la explotación laboral.
A esto se suma el problema de desigualdad de oportunidades entre lo urbano y lo rural. Se ha podido evidenciar que niños y adolescentes trabajan en diferentes eslabones de la cadena productiva, siendo, en muchos caso las grandes empresas donde se genera mayor explotación laboral.
Es preocupante que por las condiciones precarias en que vive la familia, niños y adolescentes tienen que insertarse en actividades laborales, por ello, urge establecer programas de protección a estas personas, añadió.
JLVN/cz
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