La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta Ximena Peña, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
El documento se enfoca en organizar y normar la prestación gratuita, oportuna, integral, ininterrumpida, técnica y competente de los servicios de patrocinio y asesoría jurídica que brinda la Defensoría Pública y la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
Además, establecer las directrices y parámetros de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, con el propósito de garantizar la permanente coordinación y articulación interinstitucional.
Finalmente, la norma busca desarrollar el contenido de los preceptos constitucionales para el servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita; y, dotar de herramientas institucionales para la especialización, formación continua y capacitación de los defensores públicos y personal administrativo.
Atribuciones
La Defensoría Pública en el patrocinio y asesoría jurídica gratuita, acorde la Constitución y el Código de la Función Judicial, tiene como atribuciones, entre otras: prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente; la prestación de la defensa penal a las personas que carezcan del patrocinio de un profesional del derecho; instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada; garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.
Acreditar, evaluar y sancionar a los consultorios jurídicos gratuitos que forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, cuando corresponde; establecer estándares de calidad y normas del funcionamiento de los mismos; integrar sistemas de coordinación y cooperación interinstitucional en beneficio de la población a la que atiende; participar con organismos internacionales vinculados a sus competencias, a fin de impulsar el intercambio de experiencias, asistencia técnica y cooperación recíproca, así como el fortalecimiento de políticas, planes y programas de interés común.
Derechos de usuarios
El proyecto determina que son derechos de las personas usuarias del servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita que brinda la Defensoría Pública: ser atendidos con calidad, calidez y eficiencia; conocer en todo momento y con oportunidad el estado de las causas; recibir una defensa técnica, idónea, oportuna, ininterrumpida durante todo el proceso hasta su culminación y archivo; a que se mantenga la reserva y confidencialidad sobre el caso, excepto cuando la información entregada por la defensora o defensor público tenga fines estadísticos.
MG/cz
