Las denuncias presentadas en la comisión de Participación Ciudadana por José Chusin, presidente nacional de trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas; Mauricio Unda, secretario general del Comité de Empresa de Correos del Ecuador; Marcelo Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles; y, el comunicador Ángel Ramírez, serán consideradas en el organismo legislativo para definir la convocatoria a varias autoridades para que expliquen sobre una posible vulneración de derechos laborales.
Las versiones se dieron, la mañana de este miércoles, en el seno de la Comisión, presidida por el asambleísta Raúl Tello. Ante los legisladores, José Chusin anunció que el próximo 08 de junio se realizará una jornada nacional de protesta en contra del despido de 180 mil trabajadores durante la pandemia, principalmente en Guayas, Santo Domingo, Azuay y Quito.
El representante de los trabajadores argumentó que los despidos y las nuevas regulaciones, contravienen lo establecido en el artículo 328 de la Constitución de la República, respecto a la remuneración justa y salario digno. Las decisiones tomadas son medidas neoliberales de flexibilización laboral que serán motivo de demandas de inconstitucionalidad en Ecuador y en el exterior, por contravenir los tratados internacionales, sostuvo el dirigente.
Ante la situación, propuso que se debería resolver que existan créditos de bajo interés, moratoria de la deuda externa y contribución emergente de las grandes empresas. Con este pronunciamiento coincidieron Mauricio Unda, secretario general del Comité de Empresa de Correos y Marcelo Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles.
Mario Unda añadió que la decisión tomada sobre la Empresa de Correos afecta a 900 trabajadores con 15 y 20 años de servicio público, que incluso no reciben los sueldos de abril y mayo del presente año. Entre tanto, Marcelo Tapia expresó su desacuerdo con la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, más aún cuando este es un bien Patrimonio Cultural del Estado. Los perjudicados son más de 2 mil trabajadores de las 57 estaciones.
Por último, se permitió la intervención de Ángel Ramírez, quien denunció el incumplimiento de las obligaciones a favor de 500 trabajadores de la comunicación en el país. Citó el ejemplo de la vulneración de derechos de 87 trabajadores de Canal Uno Quito y Guayaquil, varios estarían impagos siete meses, incluso que se habría retenido aportaciones al IESS, a pesar de que fueron descontadas, motivo por el que se debería conocer la posición del Ministerio de Trabajo, en la Asamblea Nacional.
AM/cz
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