Dentro del proceso de socialización y discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, la Comisión de Justicia receptó propuestas de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Ministerio de Agricultura, Cámara de Comercio del Cantón Huaquillas y de los grupos de abogados Falconi Puig y Ferrere.
A criterio de Jorge Cevallos Clavijo, director Ejecutivo de Asetel, la normativa tiene que abarcar no solo el contrabando de bienes y mercancías, sino también el control y sanción de todo el comercio ilícito e ilegal, brindando, así, seguridad al mercado formal de todos los sectores.
Mencionó que la piratería ilegal de señales es una forma de contrabando de un bien intangible, que afecta gravemente a la industria regular de comercialización de servicios de telecomunicaciones, a los ingresos fiscales y las inversiones de las concesionarias legalmente constituidas y que cuentan con los títulos habilitantes. Este negocio ilegal mueve 85 millones de dólares al año y el Estado deja de recibir 29 millones en tributos, agregó.
Andrea Chávez Sánchez, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Agricultura, pidió incorporar en la propuesta el contrabando en temas agropecuarios y que se clarifique la asesoría que dará el Comité Permanente Interinstitucional.
Productos falsificados
Pedro Manuel Córdova, director del área de Propiedad Intelectual de Ferrere Abogados y Miembro de la Comisión de Legislación de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional, dijo que es fundamental que la legislación contemple la sanción a la introducción de productos falsificados en territorio ecuatoriano, ya que perjudican los derechos de propiedad intelectual e incumplen especificaciones técnicas.
Enfatizó que el contrabando está estrechamente ligado a actividades criminales organizadas; tiene en su haber grandes redes de corrupción que llevan a otro tipo de delitos, siendo uno de ellos la piratería, la falsificación de productos que ponen en riesgo la salud y el ambiente, más aún cuando están fabricados con materiales peligrosos. Sugirió que la autoridad aduanera retome la facultad de impedir el ingreso de mercadería presuntamente falsificada.
José Ezequiel Córdova, titular de la Cámara de Comercio del Cantón Huaquillas, planteó que la Federación de Cámaras de Comercio tenga representación en el Comité Anticontrabando. Denunció que el contrabando en la frontera sur se genera por responsabilidad de ciertas instituciones del Estado, al precisar que desde Perú llegan grandes toneladas de cebolla roja y frutas (manzana y uvas), a vista y paciencia de Agrocalidad, la fuerza pública y aduanas, sin pagar nada de aranceles.
Medidas en frontera
Carlos Alberto Arroyo, gerente General de Falconi Puig Abogados, habló de fortalecer las medidas en fronteras, recogiendo la decisión 574 de la Comunicad Andina de Naciones (CAN), que establece, justamente, el régimen sobre control aduanero.
Se mostró a favor de ampliar el espectro a ámbitos directamente relacionados con la prevención y el combate del contrabando. No se puede hablar de manera integral de la erradicación del comercio ilegal, sin incluir productos falsificados, adulterados y la piratería en términos generales, la cual genera trillones de dólares a nivel mundial, cuyo negocio es más lucrativo y rentable que el narcotráfico, puntualizó.
Inquietudes
Tras las comparecencias, el legislador Héctor Muñoz, autor de uno de los proyectos, expresó que la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, de acuerdo a un estudio de 2019, determinó que el contrabando bordearía el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significaría un negocio de 150 mil millones de dólares en la región. Anunció la disposición de ampliar los conceptos de comercio ilegal, piratería y otros fenómenos que atentan a la economía y a la producción nacional.
A su vez, el asambleísta José Serrano insistió que urge fijar elementos para la protección efectiva del comercio formal y la actividad productiva. Requirió una actitud y voluntad política del Gobierno y del Estado en su conjunto, a través de la fuerza pública, para enfrentar a las estructuras criminales y atacar el contrabando en todas sus formas.
Por último, la asambleísta Ximena Peña, presidenta de la mesa, sostuvo que es precocupante la declaración del dirigente de la Cámara de Comercio de Huaquillas, por lo que le solicitó que remita, por escrito, los correspondientes documentos, a fin de adoptar medidas al respecto.
MG/cz
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