La Disposición Transitoria Primera de la Constitución dispuso que el Órgano Legislativo, en el plazo máximo de 120 días de vigencia de la Carta Magna, debía aprobar la ley que regule a la Defensoría Pública. Por tanto, la Asamblea busca concretar este tema pendiente, hoy inició el tratamiento del informe de primer debate, en la continuación de la sesión 671 del Pleno.
El 05 de septiembre de 2019, desde la propia institución llegó al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó y envió a conocimiento de la Comisión de Jusiticia, con fecha 2 de octubre de 2019.
La mesa conoció, debatió y aprobó, en la sesión 076, de 18 de mayo de 2020, el informe para primer debate.
Socialización
La Secretaría de Derechos Humanos, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional para las Discapacidades, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, las universidades Central, Internacional del Ecuador, la SEK, Católica, San Francisco y el Instituto de Altos Estudios Nacionales participaron en la construcción de la normativa.
Objeto
La normativa se orienta a regular a la Defensoría Pública, exclusivamente en lo relativo al ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales para la prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de grupos vulnerables, especialmente personas de escasos recursos económicos.
Establecer, además, las normas para la prestación del servicio de patrocinio y asesoría que brindan los consultorios jurídicos gratuitos, tanto de universidades como de otras organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
El objeto de la Ley se alínea, de manera primigenia, con los artículos 191 y 193 de la Constitución.
Comisión general
El Pleno recibió, en comisión general, al defensor Público, Ángel Torres Machuca, quien aseguró que la implementación de la Ley no tiene impacto fiscal, al enfatizar que permitirá regular, de mejor manera, los derechos de usuarios y los servicios que presta la entidad, a través de los más de 700 defensores públicos que brindan asesoría y patrocinio legal en 194 puntos de atención en las 24 provincias del país, así como la red complementaria que ayuda a llegar a más ciudadanos con el apoyo de los consultorios jurídicos gratuitos de universidades, gobiernos autónomos y otras organizaciones, todos ellos, parte integral y fundamental de la familia defensorial.
Resaltó que se fortalecerá la formación continua, capacitación y especialización de los defensores públicos con la plena activación de la Escuela Defensorial. Observó la posibilidad de trasladar al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), la competencia que hoy tiene la Defensoría Pública para acreditar y evaluar a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, lo que implicaría aumento del gasto público.
En la próxima sesión de la Legislatura intervendrá la asambleísta Ximena Pacheco, en calidad de presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de Ley de la Defensoría Pública.
MG/cz
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