En la continuación del Pleno 671, con la presencia de 133 asambleístas, concluyó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, la tarde de este jueves 11 de junio. Al cierre de la discusión intervinieron 18 legisladores, dentro de los cuales se incluye al ponente del informe, Fernando Flores.
Varios fueron los puntos de vista destacados la tarde y noche de este jueves. Dentro de las observaciones que se establecieron por los parlamentarios estuvo la de equiparar el trato que se les da a los funcionarios de carrera diplomática, así como a quienes llegan a ocupar esos cargos por temas políticos, esto en referencia a los derechos de retorno de menaje de casa.
También se habló de evitar privilegios a la hora de otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios, así como extender estos documentos a familiares de autoridades políticas o funcionarios del servicio exterior.
Varios legisladores subrayaron la necesidad de cuidar que, con estas reformas, no se distorsionen los conceptos, de modo que se entíendan desde el ámbito de la discriminación o persecución. En este sentido, la reforma al artículo 134 prodría prestarse para que la Policía Nacional persiga a migrantes.
Según datos presentados durante el debate, los migrantes contribuyen al desarrollo del país con sus remesas, entre 2 500 y 3 500 millones de dólares en divisas ingresan anuelmente al Ecuador, principalmente desde Estados Unidos, Italia y España. Esta ley le permite al Estado generar beneficios para esos migrantes, aseguraron.
Es obligación normar el ingreso de personas en moviliadad humana, siempre en el marco del respeto a los derechos constitucionales y al debido proceso, plantearon. Para ello, es imprescindible construir una ley justa, equitativa y humanitaria. Ecuador no puede renunciar a su soberanía y decidir quién ingresa al país. En este marco, las modificaciones en la ley permitirán avanzar en el equilibrio entre libertad y seguridad, expresaron.
Por otra parte, hay quienes mantienen el criterio en el sentido que las reformas de una ley, cualquiera que esta sea, deben asegurar progresión de derechos y no lo contrario. Así, la Ley de Movilidad Humana debe clarificar en su contenido una redefinición de la condición de migrante, sin importar si es regular o irregular. Así mismo quiénes son los migrantes. Señalaron que ninguna ley puede responder a coyunturas políticas, pues la Constitución del Ecuador establece el principio de ciudadanía univesal.
Respecto de los procesos de naturalización, se observó que incrementar el tiempo a tres años de residencia, cuando hoy es de uno, para obtener la nacionalidad sería caer en regresividad de derechos. Por eso se elevaron criterios para cumplir con los estándares de movilidad humana y de derechos humanos en el marco de las reformas planteadas.
Las leyes que apruebe la Asamblea Nacional deben ser garantía de derechos, insistieron. El camino es converger en acciones que permitan lograr una sociedad más humanitaria que no establezca prohibiciones, sino la tutela de derechos.
Una vez agostados los pedidos de palabra de los asambleístas, el presidente encargado de la sesión, César Solórzano, cerró el debate, a la vez, dispuso que el proyecto, con las observaciones formuladas durante las dos jornadas que llevaron este debate, regrese a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a fin de que se construya el informe para segundo debate.
CZ/eg
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