La fiscalización emprendida por la Comisión de Biodiversidad por la erosión en el sector de San Rafael, que provocó la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), el 7 de abril de 2020, que también rompió el poliducto Shusufindi-Quito, tuvo respuesta positiva de parte de las autoridades de Gobierno. A través de un informe detallado informan a los parlamentarios la apertura de vías alternas para la conectividad vial y movilidad.
Se trata de la vía alterna entre Orellana-Sucumbíos hacia el centro del país y Loreto-Baeza-Quito que se habilitaron.
Los parlamentarios recordaron que la mesa legislativa alertó al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, la necesidad de establecer una variante para enfrentar la problemática que afecta al corredor vial Lago Agrio-Quito, a la altura de la Cascada de San Rafael, debido al deslizamiento de tierra provocado por la erosión del lecho del río Coca.
Luego de conocer los tres informes técnicos presentados a la Comisión por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, donde se informa el plan de emergencia/contingencia y el plan integral orientado a establecer y dimensionar el riesgo al que estaría expuesta la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, así como la necesidad de diseñar y construir obras de contención, la Comisión indicó que harán seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el documento entregado a la mesa legislativa.
Dijeron que el deslizamiento de tierras pone en peligro las fuentes de captación que alimentan a Coca Codo Sinclair, sin embargo, cualquier precaución justifica, toda vez que se trata de una de las obras hidroeléctricas más trascendentales que están en funcionamiento que han permitido ser autosuficientes y tener soberanía energética.
Indicaron que harán un análisis de los documentos enviados a la mesa legislativa, más aún cuando hay conexiones subterráneas de ríos, aguas y fuentes, pues las precauciones que se están tomando son parte de la responsabilidad técnica de quienes administran el recurso, pero también le corresponde a la Comisión velar por la protección de los recursos de todo los ecuatorianos.
Así mismo, se formuló la necesidad de convocar a expertos en la materia, a fin de que indiquen cuál sería el impacto que podría causar y las posibles alternativas a tomar en caso de que la erosión continúe.
JLVN/cz