La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, luego de conocer la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que contiene 16 observaciones, resolvió reunirse el sábado 20 de junio para votar el informe no vinculante que será puesto a conocimiento del Pleno. Los parlamentarios sugirieron que la votación se haga por cada observación.
Además, por pedido de la legisladora Lira Villalba, la Comisión convocará, de manera virtual, a representantes de las empresas públicas y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, para este viernes 19 de junio, a las 17h00. Buscan receptar observaciones respecto a que las entidades del sector público, tanto aquellas que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE) y las que pertenecen a la Función Ejecutiva, deben someterse a las directrices que emite el Ministerio de Finanzas en cuanto a techos y límites de gasto, a fin de establecer un adecuado manejo de las finanzas públicas.
Análisis
La legisladora Gabriela Larreátegui señaló que está de acuerdo con el veto parcial enviado por el Ejecutivo porque las propuestas de forma y de fondo ayudan a un adecuado control de las finanzas públicas, sin embargo, consideró oportuno que representantes del Ministerio de Finanzas expliquen el argumento técnico para determinar los plazos para cumplir la deuda pública y que hasta el 2032 en adelante llegar al 40 % del PIB.
El legislador Patricio Donoso coincidió con este pedido y destacó la necesidad de poner orden en las finanzas públicas y que el Ejecutivo respetó la decisión de la Asamblea Nacional de garantizar la autonomía administrativa y financiera de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados.
Mientras que, la legisladora Ana Belén Marín señaló que estaría de acuerdo con allanarse a 10 de las 16 objeciones del Ejecutivo y, a su parecer, se debería ratificar los textos aprobados por el Parlamento en cuanto a las objeciones 8, 10, 11, 14, 15 y 16 , que hacen referencia a la emisión de bonos, Notas del Tesoro, regla de deuda y otras obligaciones de pago, reducción de los CETES, colocación de Notas del Tesoro hasta por el mismo monto en que se desinviertan los Certificados de tesorería; y, el cumplimiento de la reducción de deuda pública.
El legislador Luis Pachala indicó que las empresas públicas tienen que ser controladas, que la emisión de bonos entre entidades del sector público tienen que ser registradas y determinar una planificación entre deuda pública, techo de deuda y Producto Interno Bruto (PIB). Destacó la decisión del Jefe de Estado de respetar la autonomía de la seguridad social y de los GAD.
Finanzas
Delegados del Ministerio de Finanzas estuvieron presentes en la sesión virtual de la Comisión de Régimen Económico para absolver las inquietudes de los parlamentarios. Así, Daniel Falconí, subsecretario de esta Cartera de Estado, explicó los argumentos técnicos para determinar el cumplimiento progresivo de la regla de duda y el patrón a seguir para la llegada al 40 % del PIB hasta el 2032. Mencionó que la tabla propuesta generará confianza para financiamiento externo y certeza en la programación fiscal a mediano y largo plazo.
En cuanto a los Certificados de Notas de Tesoro permite una trazabilidad para reducir y eliminar los saldos de CETES hasta el 31 de diciembre de 2020, permitiendo un plan viable para su manejo. Respecto de las empresas públicas indicó que lo esencial es establecer coordinación fiscal entre aquellas que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE) y las que pertenecen a la Función Ejecutiva, emitiendo directrices sobre techos presupuestarios para lograr el cumplimiento de los objetivos.
Información
Al iniciar la sesión, Franco Romero, vicepresidente de la Comisión, pidió al equipo asesor informe sobre el contenido del veto del Ejecutivo. En este marco, Cristian Albuja explicó una por una las observaciones del Mandatario.
En general se mencionó que los planteamientos respetan la esencia de los textos aprobados por la Asamblea Nacional, para regular de mejor manera las finanzas públicas, así como certeza de cómo Ecuador será responsable con sus ingresos y gastos. Por tanto, técnicamente la objeción parcial es viable para el cumplimiento de lo establecido en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
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