La Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, tramitó otras siete peticiones de amnistía relacionadas con el caso de aplicación de justicia indígena, en el que están inmersos dirigentes de la comunidad San Pedro, de la provincia de Cañar.
En la sesión virtual 091, en cumplimiento de la resolución de 19 de junio, se aprobó incluir los casos de María Aurora Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca, María Baleriana Tenezaca Romero, Manuel Jesús Romero, Digna Sarmiento y Galo Mateus, entre aquellos en los cuales la Comisión se pronuncie favorablemente en el informe final del trámite de solicitudes de amnistía.
El tema de Julio Alberto Siguencia no obtuvo los votos suficientes para tal efecto. Al respecto, se habló de que no hubo formulación de cargos en su contra, por lo que no sería procedente amnistiarlo.
Apoyo del pueblo Kichwa Saraguro
En primer témino, el organismo conoció la carta de Pedro Guaillas, presidente del Consejo de Administración del pueblo Kichwa Saraguro, del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, quien destacó que las autoridades indígenas del Alto Cañari son electas en la Asamblea General, por lo que gozan de confianza de la mayoría de la población de estos territorios y son encargados de administrar la justicia indígena en las parroquias Ingapirca, Honorato Vásquez y la parte Alta de Biblián.
Son considerados como autoridades ancestrales por sus conocimientos en el derecho consuetudinario, por lo que han venido dando solución a asuntos importantes desde 1970, como problemas familiares, deudas, conflictos de tierras, robos, cuatrerismo, coyoterismo, violaciones y muertes. Puntualizó que los miembros de la justicia ordinaria, con la intervención del principal del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, organizaron la persecución contra las autoridades de la justicia indígena.
Consideró como positivo que la Asamblea Nacional otorgue amnistía a los dirigentes del Pueblo Cañari, que se hallan encarcelados injustamente por el único delito de administrar justicia, en el marco del artículo 171 de la Constitución, cumpliendo, así, con las obligaciones de precuatelar la vida de las personas; algunos corren el riesgo de contagiarse de Covid-19 en la cárcel de Turi, dijo.
MG/cz
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