En la continuación de la sesión 671, el Pleno de la Asamblea Nacional cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, en cuya jornada intervinieron 12 legisladores.
En primer término, la asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del documento, expuso los alcances y objetivos de la propuesta. Sostuvo que responde a un enfoque de derechos, no implica ningún impacto en el gasto público y efectiviza el mandato de la disposición transtoria primera de la Constitución.
Argumentó que regula aspectos de organización y funcionamiento de la Defensoría en la prestación de servicios de patrocinio y asesoría, así como el ejercicio del derecho y garantía de igual acceso a la justicia de las personas.
Comentó que los servidores de la institución y quienes prestan sus servicios en la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública deberán mantener una conducta honesta, imparcial y diligente en el manejo de las causas y de respeto a las garantías del debido proceso de las personas usuarias, aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal.
Precisó que se dará la reasignación de causas en caso de conflicto de intereses, además de determinar prohibición expresa de promover servicios jurídicos privados, por lo que su incumplimiento será sancionado como falta administrativa.
Destacó que el proyecto contempla la obligatoriedad de brindar el servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita a las personas que se encuentren en estado de indefensión para el acceso a la justicia o condición económica sujeta a vulnerabilidad.
Indicó que la mesa estableció la diferencia sobre la naturaleza de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de otras organizaciones, fijando que los primeros serán evaluados y acreditados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), previo informe de la Defensoría. Sin embargo, hay apertura para lograr un texto de amplio consenso al respecto, dijo.
Reforzar tutela a favor de grupos vulnerables
En el marco del debate, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de especificar que la tutela de derechos por parte de la Defensoría y de los consultorios gratuitos sea únicamente a favor de personas de escasos recursos económicos y en vulnerabilidad, garantizando, en todo momento, un servicio gratuito justo, de calidad y técnico.
Además, mencionaron que el patrocinio sea en todas las materias, sin limitaciones y que la asesoría jurídica gratuita contemple a gente en situación de calle, entre ellos indigentes. Se planteó que los defensores se especialicen en temas de víctimas de violencia (mujeres, niños y adultos mayores), discapacidad, personas en movilidad humana, de pueblos indígenas, enfermedades catastróficas, encargándose no solo del patrocinio, sino de la investigación y seguimiento de los casos.
Resaltaron la importancia de la Escuela Defensorial para la capacitación y profesionalización continua de servidores, pero sin afectar la gestión que cumple la Escuela de la Función Judicial, por lo se requiere llegar a niveles de coordinación y planificación. También se habló de aproximar las acciones concurrentes de las defensorías Pública y del Puebo, a fin de proteger y defender a los sectores sociales vulnerables, afianzando el ejercicio de patrocinar la materia de derechos constitucionales.
Respecto al ente que regirá la acreditación y evaluación de los consultorios jurídicos gratuitos, aspecto de intensa discusión, la mayoría se pronunció por acoger lo que dispone el artículo 193 de la Constitución, respetando la autonomía de las instituciones de educación superior. En todo caso, el criterio es que haya efectiva coordinación, no subordinación, entre la Defensoría y el Caces, con el propósito de que la valoración de dichos consultorios responda a estándares de calidad y eficiencia en beneficio de la población.
Comisión general
Previamente, la Legislatura recibió, en comisión general, a Norma Peñaherrera, docente de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador. La catedrática manifestó la trascendencia del proyecto, más aún cuando no implica impacto en el gasto público y regula la organización de la Defensoría y su red complementaria, además, consolida el servicio de patrocinio gratuito y de calidad para las personas de atención prioritaria.
Sugirió que la regulación de los consultorios mantenga concordancia con las normas del ordenamiento jurídico vigente.
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