La Comisión de Fiscalización, dirigida por su vicepresidente, Eliseo Azuero Rodas, recibió a exgerentes de Petroecuador; de Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave); y, de los Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento (CEAR), quienes desconocen los supuestos aportes a la campaña por el Sí en la Consulta Popular y Referéndum de 2018, información que consta en las denuncias del medio digital La Posta, así como en el pedido de investigación formulado por el asambleísta Marcelo Simbaña.
Mónica Johanna Castillo, exgerente de CEAR, fue la primera en intervenir. Dijo que los justificativos del manejo económico de su período están debidamente auditados y sujetos a cualquier análisis o revisión, puesto que fueron apegados a la normativa vigente. Explicó que a título personal y con el apoyo voluntario de varios directores de la empresa, contribuyó a la campaña con 100 mil afiches, a un costo de 1850 dólares, más 60 dólares que costó su transporte de Cuenca a Quito.
Este aporte, personal, se dio en respuesta al pedido del entonces gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), Andrés Álvarez, agregó.
Luego, Carlos Alejandro Tejada, en su calidad de exgerente de Petroecuador, indicó que su administración fue absolutamente técnica y respondió a los ordenadores de gasto establecidos en la empresa para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con lo previsto en la ley. Aseguró que no conoce de apoyo alguno a la campaña de la Consulta Popular y Referéndum 2018, tampoco recibió ningún pedido de aportar de forma personal a este proceso.
De su lado, Darío Javier Cuenca, exgerente General de Petroamazonas, afirmó que asistió a la Comisión como un acto de respeto a la Asamblea, ya que no tiene comentario alguno porque su gerencia encargada duró apenas tres días, del 5 al 7 de febrero de 2018, es decir, después de culminado el proceso electoral.
Mientras, el gerente de Astinave, Camilo Eugenio Delgado, informó sobre las funciones y actividades que cumple esta empresa, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, desde 2012. Adujo que en los últimos cinco años la empresa ha pasado por 13 auditorías por parte de la Contraloría General del Estado y que no tiene inconveniente que se investigue el manejo de fondos.
Añadió que este tema esta en manos de la Fiscalía del Estado, organismo al cual compareció para entregar toda la documentación que demuestra el manejo técnico de Astinave.
Finalmente, en el caso de las otras empresas, el vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero, dispuso que, por Secretaría, se oficie a las actuales autoridades de CEAR y Petroecuador, a fin de que remitan a la mesa los balances y estados financieros entre noviembre de 2017 y febrero 2018, período que comprende la campaña para la Consulta Popular y Referéndum.
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