La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, lleva adelante el tratamiento de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Para escuchar criterios de diferentes voces invitó, de forma virtual, a representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt).
Los comparecientes pidieron que se apruebe el proyecto de ley de iniciativa del asambleísta Henry Kronfle. Raúl Delgado Avellana, presidente de la AME, en representación de los 221 alcaldes, dijo estar de acuerdo con la propuesta planteada en las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, de iniciativa del legislador Henry Kronfle, por el cual se propone regular la devolución de recursos por concepto del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la retención de los recursos en sus cuentas.
Ha sido un vía crucis la devolución del IVA, por ello, es trascendental la aprobación de esta propuesta legal, dijo el presidente de la AME. Recordó que el Estado adeuda 232 millones de dólares por los años 2018, 2019 y 2020, por ello, pidió a la Comisión de Régimen Económico establecer un plazo para la devolución de este valor por concepto de IVA.
Gonzalo Lazcano, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que modificar el esquema de retención del IVA sería inconstitucional, tomando en cuenta que, de conformidad con los artículos 135 y 301 de la Constitución, le corresponde al Ejecutivo por acto normativo, establecer, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones.
Agregó que cuando se afecta esta relación tributaria se afecta la configuración material del tributo, por tanto, pidió también observar el artículo 175 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafit), a fin de preservar la seguridad jurídica.
Los comisionados cuestionaron lo expuesto por el representante del Ministerio de Finanzas, en virtud de que la propuesta legal que tramita el organismo legislativo está orientada a destrabar todo ese proceso que afecta y retrasa la devolución del IVA, lesionando el cumplimiento de obras en beneficio de todos los ecuatorianos. En ningún momento se modifica tributos, dijeron.
Lo que se busca es generar mecanismos ágiles en atención al principio de simplicidad administrativa y eficiencia, evitando así que el presupuesto de las entidades y organismos del Gobierno central y descentralizado, sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas, se vean afectadas, agregaron.
Entre tanto, Galo Naranjo, Marcelo Cevallos y Diego Proaño, representantes de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (Asesec) calificaron de positivo el proyecto de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, porque permitirá que los recursos se inviertan para potenciar la investigación con la implementación de laboratorios, así como la construcción de aulas, porque existe mayor número de estudiantes.
Además, permitirá a la Universidad tener recursos para que los procesos de inversión se realicen en los 12 meses del año y no solo en los últimos meses.
Subrayaron que el sistema de educación superior generó 66 millones 285 mil dólares hasta septiembre de 2019; y, de este valor, el Estado, únicamente ha devuelto 285.342,92 dólares, lo cual impide alcanzar la educación de calidad que se establece en el marco constitucional.
Por su parte, Luis Cuji, subsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt), dijo que la propuesta, en inicio, podría beneficiar mucho al sistema de educación superior, pero si los valores producto de la devolución del IVA no se transfiere al Servicio de Rentas Internas, afectaría la disponibilidad y flujo de recursos, por tanto, se pondría en riesgo el financiamiento de gasto corriente, es decir, se pone en peligro la sostenibilidad de las universidades, porque podría bajar la liquidez del Fopedeupo.
Contratación Pública
La Comisión de Régimen Económico lleva adelante el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este marco, Marcelo Dávila, experto en contratación pública dio aportes al proyecto que unifica ocho propuestas legislativas. Dijo que el documento preparado por la mesa legislativa contiene elementos esenciales que ayudarán a combatir la corrupción en esta área.
Señaló que el artículo 2 del proyecto es el más sensible ya que contiene elementos relacionados con el régimen especial y de emergencia. Sobre el régimen especial de fármacos destacó que se prefiera la producción nacional, pero hay que establecer mecanismos mínimos, a efecto de impedir que participen proveedores no aptos. En cuanto al régimen especial de comunicación social, manifestó que hay que clarificar que solo sea para promocionar actividades de la institución, más no la imagen personal de la máxima autoridad.
En cuanto a la contratación directa con empresas del Estado, cree que se debería incluir la subcontratación hasta el 30 %, pero con las mismas normas de la contratación pública, con lo cual, se lograría evitar las triangulaciones indirectas o directas que van en contra de la contratación pública. En otro orden, indicó que la inclusión de la regla de excepcionalidad de régimen especial es fundamental, siempre que se justifique en el proceso contractual.
Precisó que en la contratación de régimen especial por emergencia se debería agregar que sea por “inminencia”. Mencionó que el control del Sercop tiene que ser previo, concurrente y posterior. También señaló que es necesario un catastro o registro de proveedores para hacer política pública. Sostuvo que la Contraloría debería actuar como órgano asesor, esto permitirá actuar de forma preventiva y ejercer el control y protección a la contratación pública.
El presidente encargado de la Comisión, Franco Romero, agradeció las observaciones planteadas al documento que trabaja la mesa legislativa previo a elaborar el informe para segundo debate.
JLVN/cz
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