En la Agenda Legislativa, durante la administración de César Litardo Caicedo, se priorizó la lucha firme contra la corrupción, considerando que pone en riesgo el desarrollo económico y social del país, así como la democracia.
Así, el Parlamento, entre las principales acciones, definió un conjunto de reformas legales, especialmente en el ámbito penal, para sancionar los delitos contra la administración pública, a la par de medidas de protección para quienes denuncien este tipo de actos. Además, están en trámite propuestas orientadas a recuperar el dinero robado y a la extinción de bienes producto de la corrupción.
Herramientas legales
En el último paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que ya están en vigencia y aplicación, desde el 21 de julio, se dispone el comiso de terceros cuando hay una sentencia condenatoria ejecutoriada por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, ante lo que el juez ordenará la privación de bienes aunque no estén vinculados al proceso.
Se priva de la propiedad a las personas que hayan adquirido bienes a sabiendas de que los mismos provienen de actividades ilícitas o de la corrupción.
Reserva de identidad
Incorpora la reserva de identidad en las denuncias por delitos contra la administración pública o delincuencia organizada; la persona que denuncie podrá solicitar el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos. Si se trata de un servidor público, se le otorgará cambio administrativo o licencia con sueldo para garantizarle estabilidad laboral.
Hay incentivos económicos para la persona que aporte con elementos probatorios que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios producto de la corrupción. Estos no podrán superar el 20 % de lo recuperado y no accederán a este beneficio quienes, en cualquier grado, hayan sido partícipes del delito.
Contrabando de combustibles
Para sancionar el contrabando de combustibles, se crean escalas: mínima escala, de dos a seis meses; mediana escala, de seis meses a un año; alta escala, de un año a tres años; gran escala, de tres a cinco años de privación de libertad.
Lavado de dinero
Se contempla la figura de responsabilidad penal a las personas jurídicas que se dedican a lavar, limpiar o blanquear dinero mal habido. Las empresas tienen la obligación de tomar procedimientos y mecanismos preventivos para que sus máximas autoridades (presidente, gerente y accionistas) no incurran en este tipo de actos.
Prelibertad
No podrán acogerse a la llamada prelibertad los sentenciados por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento ilícito privado no justificado, narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada.
Código de la Función Judicial
En las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que pasaron ya el primer debate, consta la implementación de juzgados y tribunales especializados para atender y sancionar con mayor agilidad y rapidez los delitos de corrupción.
Estos jueces podrán conocer, sustanciar y dictar sentencia en los procesos de infracciones por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, aquellos vinculados a delitos de lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.
Promueve, de forma transversal, que la Función Judicial luche contra la corrupción, mediante una formación continua en esa materia; coordinación entre órganos para fortalecer la lucha contra estos eventos; y protección a servidores judiciales que denuncien actos ilegales.
Sanción a sobreprecios
Varias propuestas se han presentado para sancionar con cárcel los sobreprecios en contratación pública en estados de emergencia; tipificar y sancionar las conductas que han surgido como ocasión de la declaratoria de emergencia; establecer la pena máxima de 13 años en delitos de peculado cometidos por los servidores públicos en adquisiones referentes a la salud pública, entre otros.
También se ha puesto a consideración de la Asamblea los proyectos de prevención de conflictos de intereses y de Ética Pública.
Control previo
Existe un proyecto de reforma a la Ley de la Contraloría que incorpora como facultad de los auditores internos de las instituciones públicas, a la intervención en los diferentes procesos de las entidades, para que la Contraloría tenga control previo y continuo en las actuaciones de las mismas.
Transparencia en contratación pública
En base de ocho inicitivas legislativas, se trabaja en cambios profundos a la contratación pública, que contendría un informe previo, situación de emergencia, registros únicos de proveedores y de contratantes como parámetros a observarse para dar paso a la contratación especial.
Concesiones mineras
Hace pocos días, el Pleno aprobó reformas a la Ley de Minería. La norma promueve procesos licitatorios transparentes y en condiciones de igualdad, respecto del otorgamiento de concesiones mineras para las empresas privadas y públicas, extranjeras o nacionales, lo que ayudará a combatir la corrupción en esta forma de contratación.
En esa línea, prevé que todos los procesos de subasta pública sobre concesiones mineras se los realice bajo un mismo trato y las empresas ofertantes compitan en las mismas condiciones, lo que fortalecerá la libre competencia y acceso igualitario, que, a su vez, posibililiará atraer inversiones en beneficio del país.
MG/cz
