La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el legislador Jaime Olivo, abordó dos temas en su sesión virtual, efectuada la mañana de este 29 de julio. Por una parte, recibió la comparecencia del viceministro de Ambiente y Agua, Steven Petersen, para explicar la reestructuración en la administración de las áreas protegidas del país. En un segundo momento, los legisladores trataron la deuda de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) con el Insituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Previo a la comparecencia de Petersen, la secretaría de la Comisión dio lectura del oficio de excusa y delegación enviado por Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua (e). En uso de la palabra, la asambleísta Marcela Aguiñaga mocionó el envío de un oficio, desde la presidencia de la Comisión, rechazando la delegación del ministro, debido a que él es el sujeto de control político, por lo tanto es quien debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Con ocho votos, la moción fue aprobada.
Áreas protegidas
Steven Petersen, viceministro de Ambiente y Agua, inció su intervención señalando que el Decreto Ejecutivo 1007 dispuso la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría de Agua y junto a las entidades pertinentes se ejecutó la fusión.
En este marco se creó la Dirección de Áreas Protegidas que establecerá políticas, planificará y elaborará estrategias. El viceministro señaló que estas áreas se deben manejar de manera integral y los nuevos mecanismos que se plantean permitirán alcanzar ese objetivo. Además, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Turismo para promover los espacios que tienen características para potenciarlos, afirmó la autoridad.
Tras las consultas generadas por varios asambleístas de la Comisión, Steven Petersen señaló que se ha dejado sin efecto la disposición de que la administración del Parque Nacional Cotopaxi se traslade a otra provincia por lo que el presupuesto se mantiene. Al momento 23 personas trabajan en el territorio, no se han dado cese de funciones y se han efectuado reuniones con autoridades locales para despejar dudas.
“El 20,29 % del territorio ecuatoriano representa áreas protegidas y en consecuencia nuestra intención es buscar una gobernanza efectiva de los espacios naturales, así como la participación de las comunidades que habitan en las zonas de influencia”, aseguró el representante del Ministerio de Ambiente y Agua.
Mora patronal UTE
Para analizar la situación en relación a la deuda que mantiene la UTE con el IESS se recibieron algunas comparecencias. De su lado, el rector de la universidad, Ricardo Hidalgo, envió una carta de excusa en la que, entre otros aspectos, advirtió que la institución es de derecho privado y por esa razón la Asamblea Nacional no tendría competencia de control o fiscalización.
Hidalgo hizo énfasis en señalar que el Estado ecuatoriano entrega recursos para la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos, pese a eso no se modifica su naturaleza privada.
En referencia a la excusa, la asambleísta Ximena Chanctong rechazó la ausencia del rector de la UTE. La legisladora Marcela Aguiñaga, por su parte, señaló que la universidad si es sujeta a control debido a que maneja fondos públicos.
El presidente del órgano legislativo, Jaime Olivo propuso que comparezcan ante la Comisión el Contralor y la Presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), para que informen si han revisado el manejo que le ha dado la UTE a los recursos recibidos del presupuesto del Estado.
Para continuar con las comparecencias en este tema, Andrés Campaña, director provincial del IESS, informó que la UTE es la mayor deudora de la institución, en Pichincha. La mora patronal total alcanza los 7 millones de dólares, 6.8 milones corresponden a Pichincha y existen tres acuerdos administrativos firmados, dos de ellos incumplidos.
Campaña informó que ayer el rector solicitó, personalmente, generar un convenio de purga de mora, que aún no se ha suscrito pues deben mediarse algunos pasos y cumplirse ciertos requisitos. “Es necesario nombrar un perito acreditado para evaluar los bienes de la universidad como garantía hipotecaria por los valores adeudados, conforme determina la ley”, señaló. Aseguró también que, una vez que se firme el acuerdo, los trabajadores verán reactivadas su prestaciones.
Finalmente, participaron Lida Moreno, presidenta de la Asamblea UTE Dignidad, y Luis Garzón, representante de los trabajadores despedidos en mayo de 2020, quienes solicitaron que sus derechos sean protegidos, ante las irregularidades presentadas por parte de las autoridades de la unversidad.
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