Junto con los asambleístas proponentes, la Comisión de los Trabajadores inició el tratamiento de tres nuevos proyectos de Ley relacionados con la transparencia de la gestión de los recursos del IESS, limitación de familiares a acceder a cargos de dirección y para la defensa de los trabajadores.
La total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de las entidades de su propiedad, es lo que propone una nueva reforma a la Ley de Seguridad que se debate en el ente Legislativo.
A decir del parlamentario Roberto Gómez, su proponente, el objetivo es transparentar los activos, balances, cuentas, cálculos actuariales, estados financieros, y en general, toda la información relacionada a la gestión de la entidad, las que deberán publicar anualmente, en los primeros treinta días, de cada ejercicio fiscal.
El IESS también deberá dar acceso al público a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones, de manera electrónica y física actualizada, sin limitación alguna para todos los aportantes a la seguridad social. Gómez enfatizó que la idea es que cada aportante pueda conocer la información para la toma de decisiones.
Participación ciudadana
Los legisladores también conocieron el proyecto de reformas para la Democratización de la Participación Ciudadana en el Sector Público, por la cual se limita a familiares de funcionarios públicos a acceder a cargos de dirección o confianza.
Según el asambleísta Mariano Zambrano, quien presentó la iniciativa legal, la norma promueve la desigualdad, no solo económica, sino, de participación ciudadana. Aseguró que en estos puestos existen funcionarios, que en muchos casos, no cuentan con título, ni experiencia para ejercerlo, por lo que es necesario regularlo.
Explicó que la propuesta limita a familiares de funcionarios, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, previstos en el artículo 83 de esta ley, así como de los jueces de primera instancia, tribunales de Corte Provincial y de la Corte Nacional acceder, ocupar y ejercer cargos de dirección política y administrativa, de libre nombramiento y remoción, de contrato ocasional, de nombramiento provisional o de prestación de servicios de todos los organismos que comprenden la administración pública.
Esta limitación se aplicará a partir de la inscripción de la candidatura, la postulación al concurso de mérito y oposición, o, el nombramiento de las o los precitados funcionarios y se mantendrá vigente hasta un plazo de seis meses, posterior a la terminación del ejercicio de sus funciones.
Defensa de los trabajadores
Con los criterios del proponente y de actores involucrados, los legisladores también iniciaron el análisis del proyecto de Ley para la Defensa de los Trabajadores del sector de seguridad y vigilancia y; de homologación de licencias y permisos de los trabajadores en general, de iniciativa del asambleísta Israel Cruz.
El legislador sustentó que la norma tiene dos marcos jurídicos: el primero regula a los guardias de seguridad privada; y, el segundo brinda a todos los trabajadores en general una mejor condición laboral en especial en materia de permisos y licencias que se ajusten más a sus necesidades y realidades.
En el primer caso, plantea que los trabajadores que presten sus servicios en actividades permanentes o complementarias de seguridad privada, vigilancia o afines, deberán gozar de un seguro de vida contratado por su empleador, cuyo monto de pago, en caso de siniestro de muerte, al menos garantice un año de la remuneración básica unificada del trabajador en general vigente a la fecha del suceso, en beneficio de los deudos del trabajador fallecido.
En el segundo tema, propone que en el caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho, de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, se le concederá una licencia remunerada hasta por ocho días en total.
Diego Arroyo, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores de la seguridad privada del Ecuador, tras presentar observaciones, reconoció la iniciativa que se haya considerado el alto riesgo que cumplen los guardias en sus actividades, apuntando a la falta de regulación y control. También dieron sus puntos de vista, el asesor legal, Julio Obando; y, Pablo Herrera, asambleísta por día.
Renuncia a curul
En otro orden, la Comisión conoció la renuncia del asambleísta Vicente Taiano Basante, representante por la provincia del Guayas y vicepresidente de la Comisión; y, la principalización de la parlamentaria Samia Tacle. Sus compañeros expresaron agradecimientos y desearon éxitos en los nuevos caminos; además, dieron la bienvenida a la legisladora Tacle, quien comprometió su labor en beneficio de los trabajadores del país.
Resolución
Previamente, los legisladores resolvieron solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional eleve ante el Pleno un acuerdo post morten, de solidaridad, a los familiares de Ana Julieta Rodríguez Núñez, ex funcionaria Legislativa. Extendieron sus condolencias a todos los trabajadores y funcionarios Legislativos que han perdido familiares a lo largo de esta pandemia; y, expresaron su agradecimiento y reconocimiento a la comprometida labor de todos los trabajadores públicos y privados que fallecieron producto de la crisis sanitaria.
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