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Las observaciones estuvieron direccionadas al respeto a los principios de la contratación pública; revisión de jerarquía a las normas para dar seguridad jurídica; planificación en la compra pública; fortalecer capacidades para la emisión de la contratación; y, la ejecución de un nuevo reglamento, que responda a las recientes reformas.
Jéssica Jaramillo, magister en derecho y contratación pública, explicó que, en muchas ocasiones, las contrataciones nacen viciadas en la planificación y presupuesto, es decir, no nacen del fin social, ni de la necesidad, sino que se adecúan al interés particular de la persona que va a ganar el proceso y no al cumplimiento de los principios de transparencia y calidad que son parte del sistema de contratación pública.
Destacó la necesidad de trabajar en una contratación pública eficaz, segura y eficiente, para reducir los niveles de corrupción en el manejo de los recursos del Estado. Además, asegurar transparencia en la elaboración de estudios técnicos y crear un tribunal de cuentas, como ente horizontal de fiscalización de la obra pública.
Otros planteamientos
Planteó una plataforma de compras públicas más amigable; la obligación de cerrar los procesos; y que los contratos de emergencia sean más transparentes y abiertos para su control. También dijo que no hay razón para que la contratación de actividades de comunicación social se haga mediante régimen especial, pues muchas instituciones la realizan por subasta inversa electrónica.
Jaime Morán Paredes, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, explicó que en marzo de 2017 se dictó una reforma legal que no ha permitido perfeccionar un procedimiento de expropiación para la ejecución de obras, lo que tiene incidencia en la obra pública. Tema que pidió se corrija en la reforma.
Recordó que la expropiación de bienes debe cumplirse luego de la justa valoración, indemnización y pago, pues lo contrario significaría confiscación. También que la Ley de Contratación Pública habla del procedimiento para la declaratoria de utilidad pública, resolución que se inscribe en el Registro de la Propiedad, que cancela todas las inscripciones, entre ellas, el embargo.
Control social
Franco Romero, presidente de la Comisión, manifestó que es muy importante el control social, de modo que en cada sitio donde haya obra pública, existan veedores y seguimiento. Mientras Lira Villalva insistió en la necesidad de implementar un reforma integral a la Ley de Contratación Pública. Preguntó de qué manera se puede dar mayor oportunidad a los sectores de la pequeña y mediana empresa.
En la misma línea, Ronald Baidal, de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, argumentó que con las reformas se agiliza un proceso de expropiación más democrático y lógico. Aseguró que el único modo en que el Estado, por medio de un proceso expropiatorio, pueda llegar a obtener el dominio de un bien inmueble es a través de una sentencia, juicio o por medio de un convenio que es la escritura de compra y venta.
Dificultades en la compra de dispositivos médicos
Cristina Murgueitio directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Dispositivos Médicos (Asedim), detalló las dificultades que se han detectado en la contratación para la adquisición de dispositivos médicos de calidad y solicitó fiscalizar los procesos de subasta inversa corporativa que se hicieron en el año 2016, para la adquisición de medicamentos. También propuso que los servidores públicos encargados de la contratación sean debidamente certificados y los más probos, para asegurar eficiencia.
Inés Baldeón, directora de Grupo CEAS y experta en contratación pública, demandó de un nuevo reglamento de aplicación alineado a las nuevas reformas legales, porque el que se aplica data del 2009, al tiempo de alertar que la contratación pública está normada por varias leyes como el Código Administrativo, la Ley de Alianzas Público Privadas, el Cootad y leyes sectoriales en telecomunicaciones, electricidad y petróleo.
Pidió fortalecer el sistema de contratación público con funcionarios con mayor nivel de capacitación y certificación para elaborar los pliegos de compras públicas. Sustentó que el sistema se ha quedado en el registro de proveedores, pero que se necesita categorizar, para garantizar que los proveedores tengan niveles en función de la experiencia adquirida y se adecúen al producto que ofertan.
Información total
Juan Pablo Bermeo, exsubdirector del Servicio de Contratación Pública (Sercop), aseguró que para fomentar transparencia debe ser explícita la obligación del Sercop de publicar toda la información actualizada de la base de datos de contratación pública en un estándar abierto. Considera importante que se incorporen conceptos como la adquisición preferente a sus proveedores locales de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de un determinado objeto contractual; o, la contratación de mano local.
Iván Samaniego, del Colectivo Eugenio Espejo, pidió que en el reglamento se incluya todas las resoluciones vigentes del Sercop y que sea consecuente con la ley. Además que los pliegos estén previamente consensuados por la Contraloría y Procuraduría. "Los pliegos ahora se hacen a medida del contratista y se los ajusta a sus necesidades", aseguró.
