La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social conoció y aprobó con 8 votos el informe que elaboró la Subcomisión de esta mesa legislativa sobre el proceso de extinción y liquidación de empresas públicas, una vez que el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso su cierre mediante decreto.
La asambleísta Mae Montaño mocionó que la Comisión apruebe el informe y, además, este sea puesto en conocimiento del presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo y del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que el tema sea incluido de manera inmediata en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea.
Informe
De acuerdo con la información recabada por los legisladores Pabel Muñoz, Gloria Astudillo y Ramón Terán, miembros de la Subcomisión, y tras las comparecencias de representantes de los trabajadores de las entidades y empresas públicas en proceso de cierre, el viceministro del Servicio Público, el Presidente de EMCO, el Defensor del Pueblo y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los parlamentarios sustentaron su análisis en tres ejes: económico, gestión y legal.
El legislador Pabel Muñoz sostuvo que, en las comparecencias, los trabajadores mostraron incertidumbre porque no saben qué sucederá con sus liquidaciones una vez que las empresas cierren. En otro aspecto, mencionó que durante el proceso solo 10 entidades de las 22 requeridas enviaron información y solo 7 tenían vinculación directa con el mismo.
Al exponer las conclusiones, el legislador Muñoz resaltó que, si bien es legítimo, de parte del Gobierno Nacional buscar una reducción del déficit fiscal cerrando u optimizando entidades públicas, la ausencia de informes que cumplan el artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas imposibilita determinar si el cierre de estas entidades es la mejor decisión en la relación costo-beneficio; tomando en cuenta los ahorros en el PIB y PGE.
Resaltó que la Subcomisión no pudo establecer en qué medida la decisión está determinada por los condicionamientos del financiamiento externo, particularmente del convenio del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional y del préstamo vigente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Operación de Crédito EC-L1251: Programa de Apoyo a la Reforma de Empresas Públicas.
Manifestó, además, que los decretos ejecutivos emitidos para la extinción, supresión, liquidación de entidades y empresas públicas podrían generar conflictos constitucionales y legales.
Aseveró que, de la información proporcionada por el Viceministro del Sector Público, no se confirma si la disponibilidad de recursos para el pago de la desvinculación de los servidores y empleados de las entidades y empresas públicas en proceso de extinción y supresión, será suficiente para cubrir los montos por concepto de obligaciones laborales y de seguridad social.
Recomendaciones
La Subcomisión presentó ante la mesa varias recomendaciones, entre ellas: enviar el presente informe al Presidente de la República y solicitarle que disponga a las entidades que conforman la Función Ejecutiva el cumplimiento del marco legal para la transparencia, el acceso a la información pública y el control político.
Sugerir a la Defensoría del Pueblo que, dentro del ámbito de sus competencias, realice un análisis sobre las acciones constitucionales que se podrían ejercer dentro de los procesos de extinción y supresión de entidades y empresas públicas.
Solicitar a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública que realicen el seguimiento del proceso de desvinculación de los trabajadores y funcionarios de las empresas públicas en proceso de liquidación e informen a la Asamblea Nacional el respeto a los derechos laborales dentro de este proceso.
Exigir al Ministerio de Trabajo que cumpla con los procesos de desvinculación acorde al ordenamiento jurídico vigente; y, al Ministerio de Economía y Finanzas, asigne los recursos necesarios, suficientes y oportunos para el pago de obligaciones laborales.
Y finalmente, sugerir a la Contraloría General del Estado que, en el marco de sus competencias, realice los exámenes y auditorías de administración y gestión correspondan a los procesos de extinción y supresión de entidades y empresas públicas.
SV/cz
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