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La Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Lenin Plaza Castillo, insistirá en la comparecencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, a fin de que informe sobre los desalojos de familias campesinas integrantes de la Asociación de Producción Agropecuaria “Parroquia Eloy Alfaro”, Manabí y de la Asociación Agrícola “Río Mar”, en la provincia del Guayas.
Esta decisión se adoptó frente a la excusa presentada por la secretaria de Estado, quien adujo que había poco tiempo entre la convocatoria y la fecha de comparecencia, para la preparación de la respuesta, pero que enviaba información por escrito y delegaba a un funcionario del Ministerio para que intervenga.
Previamente, el organismo escuchó a Pedro López Morán, representante de la Asociación de Producción Agropecuaria “Parroquia Eloy Alfaro” (ASOPAPEA). El dirigente explicó que está en posesión de estas tierras desde 1998, que tienen garantías posesorias otorgadas por el entonces Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), derechos que fueron reconocidos en 2010.
Después, aparece la Corporación Financiera Nacional (CFN) como propietaria de esas tierras y nos reúnen para indicar que nos las entregarían, lo cual no se cumple. Posteriormente, se subastan las tierras a una compañía llamada Aucalum, irrespetando los derechos garantizados por el INDA.
Ya, en enero de 2020, fuimos violentamente desalojados, con un contingente de 150 policías, proceso que se cumplió por encima de la ley, a juicio del señor López Morán, para privilegiar intereses de empresas extranjeras.
De su lado, Milton Yulán Morán, abogado de ASOPAPEA, hizo un análisis cronológico del proceso respecto de estas tierras que pasaron a manos de la CFN cuando la empresa que era propietaria de ellas las entregó en dación en pago a la entidad financiera, por una deuda que mantenía. “Los campesinos están en sus tierras en permanente zozobra, porque en cualquier momento las pierden”, dijo.
Así mismo, los legisladores escucharon a Juan Francisco Jáuregui, abogado de la empresa Producam Cia. Ltda., en torno a la problemática que enfrentan por la reversión de adjudicación de un predio de 10 500 hectáreas, ubicado en la parroquia Chacras, cantón Arenillas, provincia de El Oro, trámite en el cual presuntamente se habría vulnerado el debido proceso, por parte de la Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
El profesional del derecho explicó que el trámite de la adjudicación de este predio se realizó sobre la base de la ley anterior, y cuando se presenta la impugnación del señor José Armijos, la Subsecretaría de Tierras y Territorios Ancestrales actúa con inusual agilidad, por una parte y, por otra, emite una resolución que sobrepasa el requerimiento del interesado.
Mientras, Juan Antonio López Cordero, subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que en el caso de ASOPAPEA, las garantías de posesión no tienen fundamento legal alguno, por lo que el reclamo formulado por esta asociación no es competencia de esta instancia legal, más cuando el Municipio de Durán cambió el uso de suelo, de rural a urbano.
Respecto del predio de 10 500 hectáreas, ubicado en la parroquia Chacras, cantón Arenillas, provincia de El Oro, dijo que el caso está en conocimiento de la Coordinación Jurídica del Ministerio de Agricultura, que tramita el recurso Extraordinario de Revisión.
Finalmente, la Comisión de Soberanía Alimentaria decidió que en los próximos días conformará una subcomisión que analice los procesos de adjudicación de tierras en el país.
EG/cz
