La Comisión de Régimen Económico, presidida por Franco Romero, continuó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al inicio de la jornada, el secretario de la mesa procedió a la lectura de la matriz donde se sistematizaron los aportes y observaciones al proyecto de ley.
Mediante las propuestas se busca alcanzar un marco regulatorio en lo referido a las normas de cuidado y protección de registros, datos electrónicos y documentación. Así mismo, busca establecer definiciones claras, alcances y limitaciones del organismo rector del Sistema de Contratación Pública, sus guías, procesos y manuales para entidades contratantes.
Dentro de la discusión en la mesa, el legislador Luis Pachala indicó que en la norma debe constar de manera explícita la garantía de los procesos técnicos y que estos sean adecuados a fin de no generar problemas que puedan devenir en situaciones contraria a la legalidad. Estas deben ejecutarse por profesionales y más aún en los casos de compra de bienes que solicitan las instituciones.
En la compra de un bien o en la contratación de un servicio deben especificarse de manera clara lo concerniente a la especificidad de la viabilidad económica, fue el criterio de la asambleísta Lira Villalva. Señaló además que disponer de los recursos mediante la viabilidad financiera debe cumplirse, a fin de evitar perjuicios tanto para la entidad contratante como para la contratada.
De su parte, la legisladora Pinuccia Colamarco se refirió a la necesidad de establecer mejor y mayor control en la contratación de consultorías a diferentes ámbitos. Según la asambleísta Colamarco, existe un abuso de parte de las instituciones públicas, específicamente, en la contratación de estos servicios que, en muchos de los casos, pueden ser ejecutadas por funcionarios de las entidades contratantes, sin embargo se ha optado por contratarlas. Estas arrojan resultados que no son ejecutados por las autoridades requirentes del servicio, indicó.
En otro ámbito, la parlamentaria Ana Belén Marín analizó la importancia de la inclusión y participación de la agricultura familiar campesina. La contratación no debe ejecutarse a grandes empresas o compañías sino a este sector productivo. Por ello, solicitó que dentro del procesamiento de esta norma, se establezcan parámetros para la contratación de este sector que, en muchos casos, podrían prestar igual o mejor servicio o productos, sentenció.
La legisladora Gabriela Larreátegui observó la incidencia de los procesos de contratación que se dirigen a un solo oferente. La parlamentaria dijo que se debe legislar en función de las cuestiones generales que se han presentado en el tratamiento de la norma y no en función de casos particulares
Finalmente, el presidente de la mesa, Franco Romero, hizo hincapié en los aportes de los legisladores en el procesamiento de la matriz del tratamiento del proyecto de ley, al señalar que este ejercicio de debate permite afinar los textos que serán puestos en conocimiento del Pleno. Tras la culminación del orden del día, Romero suspendió la sesión.
EA/cz
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