María de Lourdes Huiracocha Tutiven, Janet Cruz y Marco Rojas, en representación de más de 10 organizaciones que defienden los derechos de niños y adolescentes, dieron sus observaciones centrados en temas sobre la identificación y calificación de la discapacidad, educación, sexualidad, embarazo, protección de personas que padecen alguna discapacidad; y, en torno a la primera infancia en el marco del derecho al desarrollo humano armónico.
Discapacidad
María de Lourdes Huiracocha recordó que la discapacidad de un niño, niña o adolescente es un déficit permanente que causa limitación en muchos ámbitos, por ello pidió que en el artículo 39 (participación) y 106 (derecho a ser consultados) se cambie el porcentaje de discapacidad por nivel de funcionamiento o nivel de dependencia.
Mencionó que en Ecuador la calificación del carné no está lista para niñas, niños y adolescentes, en virtud de que no hay un equipo necesario que se encargue de este particular, así como tampoco un buen sistema de calificación, provocando exclusión de derechos.
Señaló que en el artículo 471, sobre las obligaciones de los establecimientos de salud, no solo se debe diagnosticar y hacer un seguimiento médico, sino identificar a los niños, niñas que nacen con patológías para incorporarlos a la atención integral, valoración de la presencia de discapacidad e intervención temprana. Además, añadir la comunicación asertiva y sensible a los padres porque deben incorporarse al proceso de atención temprana.
En materia de educación, precisó que para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se debe trabajar en cuanto a habilidades adaptativas, resolución de problemas, desarrollo de la identidad, autonomía y consecución de un proyecto de vida. Mientras, sobre sexualidad, es necesario determinar estrategias educativas al tipo y nivel de discapacidad, incorporando a la familia en el proceso. Se debe normar el derecho a la atención al embarazo y parto, con acompañamiento psicológico y de trabajo social para niñas y adolescentes con discapacidad, al menos seis meses. En el informe para primer debate se establece 3 meses.
Además, solicitó se incluya un artículo donde se establezca las consideraciones adicionales en el embarazo de niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de que se tome en cuenta la evaluación integral, explicación del embarazo, apoyo al adolescente y la familia, generar una experiencia agradable vinculada al apoyo profesional.
Sobre las medidas de protección, dijo que en los artículos 434 y 445, sobre medidas judiciales, se debe agregar la comunicación alternativa de acuerdo al tipo y nivel de discapacidad y en todo momento deben estar acompañados por sus padres.
Primera infancia
Janet Cruz, directora ChildFund International, destacó que durante todo el proceso realizaron un acompañamiento con la colaboración de varios sectores, organizaciones, niños, adolescentes, expertos nacionales e internacionales, a fin de plasmar una ley de calidad, tomando en cuenta la realidad que enfrenta la niñez, sobre todo, la primera infancia con enfoque integral y específico que transforme su desarrollo para ser ciudadanos responsables.
Marco Rojas, representante del Plan Internacional Ecuador, señaló que sin duda el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes será una de los mejores porque se lo ha construido con el esfuerzo colaborativo de distintas organizaciones, así como de aquellas que conforman la comisión académica que han dado oídos a la voz de niños y adolescentes.
Pidió cambiar el artículo 68 por el derecho al desarrollo humano armónico para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus potencialidades físicas, cognitivas, afectivas, sociales, espirituales y cualquier otro que permita la plena expresión de su desarrollo y lograr su integración social, política, económica y cultural, desde la primera infancia.
En el artículo 69 del derecho a la educación, planteó que las niñas y niños menores de 5 años, tienen derecho a recibir una educación inicial de calidad dirigida a la obtención y consolidación de habilidades cognitivas, psicomotrices y socioafectivas. Lo cual se generará a través de experiencias de socialización, pedagógicas y recreativas, que permitan fomentar la creatividad e incentivar su autonomía.
Sobre políticas públicas para atender la primera infancia, considera que se debe fomentar la crianza y coparentalidad positiva, el vínculo afectivo desde el cuidado cariñoso y sensible; brindar atención integral y especializada en los componentes de salud, alimentación, nutrición, educación inicial, recreación y protección especial con enfoque de género y pertinencia cultural; así como el aseguramiento y acreditación de la calidad en la prestación de los servicios para la primera infancia proporcionados por actores públicos y privados.
Otro de sus pedidos fue la necesidad de garantizar el apoyo a niñas y niños con discapacidad en entornos inclusivos; igualmente la protección especial, eliminar la negligencia, violencia, castigo físico, abuso sexual, trabajo infantil.
Otras voces
En la sesión virtual de la Comisión estuvieron presentes otros sectores para escuchar las propuestas que se plantean al Copinna. Los comisionados dieron la palabra a Dalia Edith Patiño, coordinadora provincial de la Asociación de Padres Representantes y Autogestores con Discapacidad (Apracod), de Cuenca, quien solicitó tomar en cuenta no solo el ámbito de la salud sino en la educación, el derecho a la recreación y al ocio, el arte y el deporte de las personas con discapacidad.
Sara Oviedo, directora de la Fundación Quitu – Raymi, destacó lo esencial de tomar en cuenta la primera infancia en el Código que trabaja la Asamblea Nacional, porque es el sector donde hay mayor abuso.
La presidenta de la Comisión, Encarnación Duchi, destacó la participación de varios sectores de la sociedad civil que se interesan por construir el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Dijo que las observaciones puntuales que han dado serán tomadas en cuenta para elaborar el informe para segundo debate.
JLVN/cz
