El asambleísta Jorge Escala denunció que con el carácter de urgente y confidencial el Ministerio de Educación ha ordenado a los directores provinciales de Educación la realización de un mapeo en los planteles educativos del país.
Dijo que “este rastreo consiste en llenar una ficha en la que se informe si regularmente la institución educativa participa en movilizaciones, el tipo de afiliación política o gremial que tienen las autoridades, docentes, estudiantes y el grado de afinidad con el proceso, es decir, si es a fin, indiferente o detractor, (al gobierno) lo que constituye un acto pesquisable”.
Indicó que “previo a esta acción punitiva que viola los derechos humanos, como el derecho a la libertad de filiación, ideología o pensamiento político, la Subsecretaría de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, ordenó a través de la empresa Habitus con el apoyo del BID, un proceso de investigación, que consiste en la colocación de cámaras de video en las instituciones educativas, con el propósito de controlar la labor de maestros y estudiantes convirtiendo las aulas en cárceles y a las autoridades en pesquisas del régimen, violando el derecho constitucional a la intimidad e integridad personal”.
Argumentó que estas disposiciones profundizan la criminalización de la lucha social, el derecho a la opinión y a la organización gremial y sindical, implementando acciones discriminatorias contra los docentes en razón de su ideología o filiación política, por lo que constituyen flagrante violación a la Constitución.
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